Desde el 5 de febrero del año en curso, el colectivo Voces del Sur ha conocido de varias detenciones arbitrarias, interrogatorios y amenazas contra periodistas y directivos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). Estas agresiones se han producido en varias provincias del país, con especial énfasis en la región central, lo que constituye un ejemplo de la coordinación de los órganos del Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, en la persecución de los periodistas.
El propio día 5 de febrero, se registró la detención arbitraria de Alberto Corzo, Director Ejecutivo del ICLEP, en la provincia de Matanzas. Esta persona estuvo detenida por la Seguridad del Estado durante más de veinticuatro horas. Ese mismo día, fue detenido en La Habana el periodista del medio de comunicación comunitario del ICLEP Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno Borrego, quien fue amenazado de prisión por publicar una serie de entrevistas a integrantes del Movimiento San Isidro, en las páginas del medio informativo que dirige. El día siguiente, 6 de febrero, fue detenido el Director de Capacitación del ICLEP Pedro Luis Hernández, en la provincia de Sancti Spíritus.
Mientras permaneció detenido recibió amenazas de cárcel y agresiones físicas. Ese mismo día, fueron bloqueados de forma intermitente los teléfonos de los siete medios de comunicación comunitarios del ICLEP. Por último, el 16 de febrero ARTICLE 19 conoció de las amenazas de prisión y muerte contra Carlos Torres Fleites, periodista del ICLEP.
Estas agresiones se enmarcan en un contexto caracterizado por el aumento de la represión contra el periodismo independiente que se desarrolla en Cuba, particularmente luego de los hechos en torno al Movimiento San Isidro y la protesta del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura (MINCULT). Voces del Sur conoce de la existencia de un marco regulatorio de carácter restrictivo para la libertad de expresión en la isla, que permite la utilización de sanciones penales y/o administrativas contra periodistas y artistas independientes, así como activistas por la libertad de expresión. En este propio marco legal se permite llevar a cabo detenciones arbitrarias sin control judicial.
A esto debe añadirse que desde hace meses se ha venido produciendo una extensa campaña de desprestigio contra los medios independientes y sus periodistas, que sirve para crear y fortalecer a nivel social la idea de que las y los periodistas son un riesgo para la estabilidad del país, a la par que se les criminaliza. De igual forma, debe considerarse que el día 6 de febrero fue hecho público por las autoridades cubanas, un listado en el que se prohíben expresamente varias actividades económicas, y entre ellas se incluyó el periodismo, la impresión y el reparto de materiales impresos, lo cual impacta gravemente el periodismo que realiza el ICLEP en distintas provincias de Cuba.
Asimismo, Voces del Sur quiere hacer notar que todas estas acciones pudieran servir para alentar el linchamiento social contra quienes ejercen el periodismo o el activismo, fuera de los medios u organizaciones acreditadas por el Estado. En tal sentido, manifiesta su preocupación por estas prácticas y alerta que pudieran estarse preparando otras acciones de mayor envergadura contra la prensa independiente.
América Latina, 19 de febrero del 2021