Latinoamérica, 10 de noviembre. El más reciente informe de violaciones a la Libertad de Prensa, elaborado por la red regional Voces del Sur denuncia que durante el proceso electoral municipal que se desarrolló en Nicaragua (durante octubre y los primeros días de noviembre 2022) quedó en evidencia la política de negativa de acceso a la información pública que aplica el gobierno del mandatario Daniel Ortega.
“Reportes de nuestros Promotores de la Libertad de Prensa en los territorios, de periodistas independientes y ciudadanos en general señalan que antes y durante el proceso de votaciones los actores involucrados no atendían a los medios de comunicación”, expone textualmente el documento.
Voces del Sur lamenta que candidatos y candidatas de todas las agrupaciones políticas en “contienda”, incluidos los de partidos que se hacen llamar opositores se mantuvieron alejados de los medios de comunicación.
Durante octubre de 2022, Voces del Sur, documentó 9 casos de violaciones a la Libertad de Prensa, los cuales recayeron entre 7 víctimas; 5 personas naturales y 2 medios de comunicación.
Este organismo lamenta que la censura y el silencio de las víctimas ante agresiones a la Libertad de Prensa continúe ganando la batalla, cada vez son más las víctimas que prefieren callar las denuncias para evitar mayores agresiones, expone el documento.
“De ninguna manera estamos culpando a las víctimas del silencio, estamos conscientes del peligro” y agregan que es necesario dejar escrito para la historia el por qué la disminución numérica de casos”, enfatiza el organismo.
A su vez denuncia que durante el mes de octubre al menos 4 periodistas fueron obligados al exilio.
Así mismo, Voces del Sur mostró preocupación por la reforma a Ley 909, Ley creadora de la Cinemateca Nacional, la cual le da facultades para autorizar o limitar las producciones audiovisuales en el país. Con esta reforma la Cinemateca tendrá más facultades entre las que destacan “prohibir el desarrollo, exhibición y comercialización de los productos audiovisuales”, además se le otorga el poder para decomisar cualquier producto audiovisual ya sea a nacionales o extranjeros.
Este organismo regional exteriorizo también su repudio a que las autoridades de Nicaragua continúen utilizando la Ley 1042 o Ley de Ciberdelitos como instrumento para acusar a ciudadanos disidentes.
“A inicios del mes de octubre se conoció que al menos 13 personas fueron acusadas por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”, refiere el documento.
Finalmente Voces del Sur, respaldó una vez más la demanda de familiares de los presos políticos relacionados a los medios de comunicación, quienes solicitan al Estado de Nicaragua el respeto a los derechos de sus familiares detenidos y su libertad inmediata.