A lo largo de los ocho primeros meses del 2022, la organización socia de la Red Voces del Sur, ARTICLE 19 conoce que en México se han perpetrado 18 asesinatos de periodistas e integrantes de medios de comunicación, 10 de los cuales esta organización ya identificó indicios que los vinculan con la labor periodística.
Importante mencionar que durante el mismo periodo del año pasado se cometieron 5 asesinatos con vínculo a la labor informativa, por lo que entre el mismo periodo del 2021 y el del 2022 la violencia letal contra la prensa en México se duplicó.
| # | Fecha | Nombre | Entidad Federativa | Medio de comunicación | Cobertura |
| 1 | 10 de enero | José Luis Gamboa Arenas | Veracruz | Inforegio Network | Seguridad y justicia |
| 2 | 17 de enero | Margarito Martínez | Baja California | Freelance | Seguridad y justicia |
| 3 | 23 de enero | Lourdes Maldonado López | Baja California | Sintoniza Sin Censura | Corrupción y política |
| 4 | 31 de enero | Roberto Toledo | Michoacán | Monitor Michoacán | Corrupción y política |
| 5 | 10 de febrero | Heber López Vázquez | Oaxaca | Noticias Web | Corrupción y política |
| 6 | 24 de febrero | Jorge Luis Camero Zazueta | Sonora | El Informativo | Seguridad y justicia |
| 7 | 4 de marzo | Juan Carlos Muñiz | Zacatecas | Testigo Minero | Seguridad y justicia |
| 8 | 15 de marzo | Armando Linares López | Michoacán | Monitor Michoacán | Corrupción y política |
| 9 | 29 de junio | Antonio de la Cruz | Tamaulipas | El Expreso | Seguridad y justicia |
| 10 | 11 de agosto | Alan González | Chihuahua | Radio Switch 105.9 FM | Sector Privado |
Las víctimas de esta violencia son personas periodistas que informaron y denunciaron principalmente actos de corrupción a nivel local, así como sobre delincuencia organizada y seguridad pública. Cinco de las personas periodistas asesinadas (José Luis, Margarito, Jorge Luis, Juan Carlos y Anotnio) cubrían la fuente de seguridad y justicia y cuatro la de corrupción y política (Lourdes, Roberto y Armando, así como Heber).
Asimismo, cinco de los asesinatos ocurrieron en las entidades federativas que se encuentran en el ranking más alto de agresiones contra periodistas durante el primer semestre de 2022. Roberto Toledo y Armando Linares fueron asesinados en Michoacán, entidad que se posicionó en el segundo estado más violento, con 30 ataques. Antonio de la Cruz en Tamaulipas, tercer lugar con 21 agresiones contra la prensa; José Luis Gamboa en Veracruz, quinto lugar con 17 agresiones; y Heber López en Oaxaca, octavo donde se cometieron 13 actos de violencia.
El asesinato de Alán González, locutor en Radio Switch, y de tres colegas suyos, ocurrió el 11 de agosto Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando integrantes de grupos criminales incendiaron vehículos y dispararon contra población civil. Según la información recabada por ARTICLE 19, es posible que al vislumbrar el vehículo del medio estacionado, les haya convertido en un blanco con alto impacto mediático.
Preocupa a las organizaciones parte de la Red Voces del Sur que ante el escalamiento de la violencia letal la respuesta del Estado mexicano ha sido negar la responsabilidad y obligación que tiene para prevenir y enfrentar esta violencia, por un lado, y por el otro, constantemente las autoridades desestiman el vínculo de los homicidios con la labor informativa, aún antes de iniciar investigaciones. Peor aún, en distintas ocasiones se ha culpabilizado a las personas periodistas de los crímenes dando información personal y privada de las y los periodistas.
La Red Voces del Sur enfatiza que las autoridades están obligadas a investigar cualquier crimen y que las creaciones de “víctimas perfectas” solo abonan a la desinformación, revictimización y podrían configurar argumentos para justificar la ausencia de investigaciones en la opinión pública.
Los casos de Roberto Toledo y Armando Linares, del medio Monitor Michoacán, son ejemplos de ello. A pesar de que el medio de comunicación tenía amenazas previas, a menos de una semana del asesinato de Toledo, autoridades de los tres niveles del gobierno mexicano indicaron que: Todo apunta a que (el homicidio) tiene que ver con su carácter de asistente de auxiliar en un despacho jurídico de la ciudad. Peor aún, semanas después del asesinato de Toledo, asesinaron a Linares, en cuyo caso las autoridades intentaron culpabilizarlo pues afirmaron que “se le ofrecieron medidas de protección las cuales no aceptó”.
En lo que respecta a la información oficial sobre las investigaciones de asesinatos de periodistas, desde 17 de febrero de 2022, en las conferencias matutinas presidenciales, en particular el espacio titulado “Cero Impunidad”, se ha mantenido una línea discursiva que busca desvincular la labor periodística como línea de investigación de los homicidios, revictimizado a las víctimas e incluso han publicado información discrepante con las autoridades y fiscalías locales sin siquiera haber agotado las indagatorias, como es el caso de Luis Enrique Ramirez.
También preocupa a las organizaciones firmantes que en las investigaciones se está desestimando la labor informativa a priori, como es el caso de Jorge Luis Camero. Tan sólo un día después de su asesinato, tanto la Fiscalia de Sonora, como la Presidencia Municipal de Empalme indicaron que descartamos hasta ahorita esta línea de investigación, la libertad de expresión no lo constituye en este caso.
Del total de casos, sólo el de Heber López y Antonio de la Cruz han sido atraídos por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, dejando el resto de los casos a las Fiscalías Generales de los respectivos estados de la república.
Respecto a la violencia letal, El discurso desde la presidencia se ha enfocado en que la delincuencia organizada es la única perpetradora de estos delitos. Si bien en todos los casos de asesinatos se puede identificar un posible vínculo con delincuencia organizada, particularmente como autores materiales de los hechos, esto es sólo parte de la investigación obligada de las Fiscalías. Conforme al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, se deben además investigar a todos los posibles autores intelectuales y materiales de los crímenes, teniendo en cuenta el móvil de la libertad de expresión y su labor periodística como ejes principales de las investigaciones.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Sobre la situación de los derechos humanos en México ha constatado la carencia de líneas de investigación relacionadas con la profesión periodística y ve con preocupación que la práctica de no agotar la línea de investigación relacionada con el oficio, estaría enviando un mensaje a las víctimas de una aparente procuración de justicia. Esta omisión impide llegar a los autores intelectuales, logrando únicamente sentencias de autores materiales, pero para la sociedad no hay un mensaje claro de esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido.
Las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas están marcadas por la desestimación de su labor con los crímenes, por la revictimización de las víctimas, y sobre todo por la negación de las autoridades en la obligación que tienen tanto de proteger como de investigar todos los homicidios, estén o no vinculados con el crimen organizado.Lejos de asumir la obligatoriedad que el Estado tiene respecto a proteger, investigar, sancionar, reparar el daño y, sobre todo, impedir que la impunidad siga imperando en los casos de asesinatos en contra de periodistas, se niega que existe un escenario de profunda violencia para la prensa que debe frenarse de manera urgente.
La Red Voces del Sur se suma a las exigencias del gremio periodístico mexicano reiterando que las autoridades están obligadas a generar condiciones de seguridad y garantías de no repetición.
Firman las organizaciones miembro de Voces del Sur:
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
FUNDAMEDIOS (Ecuador y Estados Unidos)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia FLED (Nicaragua)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CA-INFO (Uruguay)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYSVe (Venezuela)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
América Latina, 19 de agosto de 2022