Latinoamérica, 24 de febrero de 2023.- En América Latina, periodistas y medios de comunicación enfrentan una creciente represión y amenazas a su libertad de expresión, incluyendo condenas y sanciones por parte del sistema judicial. Esta situación pone en peligro la capacidad de los medios de comunicación de investigar, denunciar abusos de poder y corrupción y limita la capacidad de la sociedad de conocer la verdad y participar en el debate público.
Por esta razón, la Red Voces del Sur organizó el foro llamado: «El abuso del sistema de justicia: una amenaza de libertad de expresión». Al conversatorio asistieron: Marvin del Cid, periodista independiente de Guatemala; Marianela Balbi, directora de IPYS Venezuela; y Juan Ignacio Gaona, abogado de ODC Chile; moderó Dagmar Thiel, CEO de Fundamedios USA.
Del Cid inició la charla indicando que en Guatemala,la persecución judicial en contra de periodistas se ha vuelto el común denominador en los últimos años. Dado que, a los grupos de control no les gusta que los investiguen. Además, señaló casos de los colegas Juan Luis Font y Michelle Mendoza que han sufrido constantes ataques judiciales y amenazas por su trabajo. Él señala que los comunicadores son criminalizados por diferentes delitos. «El objetivo principal de los grupos de control es desacreditar la labor periodística y que pierda credibilidad en la opinión pública», dijo Del Cid.
Por su lado, Marianela Balbi comentó que en Venezuela existe una falta de separación de poderes públicos y una debilidad institucional. «Se conjugan estos elementos para aplicar un sistema de hostigamiento judicial para censurar a la prensa», explicó. Añadió que eso se agrava con la Ley contra el Odio que se dictaminó en 2017. «Desde el primer momento fue una alarma. La pena por incitación al odio es menor al homicidio», comentó Balbi. Dijo que es la Ley que más se ha aplicado para controlar a periodistas y opositores. IPYS Venezuela ha registrado durante 2022 28 casos de hostigamiento judicial con 24 amenazas de procesos legales contra periodistas y medios; 3 procesos civiles y penales; y 2 pedidos de revelación de fuentes periodísticas.
Mientras tanto, en Chile, Juan Ignacio Gaona comentó que se tiende a tener una percepción favorable cuando se habla de libertad de expresión en el país. Sin embargo, existe una legislación que no está actualizada bajo estándares internacionales en este derecho. «Consideramos que la judicialización en temas de libertad de expresión tiene un efecto silenciador contra los periodistas», comentó. Puntualizó que medios alternativos o comunitarios son quienes se ven mayormente perjudicados. En Chile, explicó Gaona, los delitos de injurias y calumnias no se han modificado desde la creación del Código Penal en 1874. Se trataba de un Estado no laico y tenía pocas garantías laborales en esa época. Por lo que, la legislación está bastante atrasada indica Gaona.
«Hemos registrado cerca de 1.700 querellas por injurias públicas, en las cuales también se incluyen a periodistas, como la del caso de la revista Resumen», dijo Gaona. En ese caso el director de la Revista fue denunciado por una investigación a un funcionario público.
Los panelistas estuvieron de acuerdo en que la falta de garantías legales para el trabajo periodístico es una de las principales problemáticas en la región. Además, se expuso a la comunidad internacional como una salida para ayudar a luchar contra la criminalización que afecta a los periodistas y los lleva a la censura.