Honduras, 08 de septiembre, 2020 (C-Libre).- El presidente de Banco Atlántida interpuso, a través de su apoderado legal, 33 querellas por Injurias constitutivas de difamación contra Milton Benítez, director y presentador del medio comunicación alternativo “El Perro Amarillo”.
En declaraciones que aparecen en la página web del medio Stereo Noticias, fue el abogado Norman Torres, en representación del titular de la institución bancaria, Guillermo Bueso, quien presentó las acciones contra el comunicador.
Torres, en tono despectivo, calificó a Benítez como “pseudoperiodista”, tras alegar que “tras investigar en el Colegio de Periodistas de Honduras, no está colegiado”.
Ignorando la opinión consultiva 05/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual expresa que la colegiación obligatoria, “…en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Mientras que, el equipo de prensa del programa transmitido por las redes sociales de Facebook y Youtube, denunció que las acciones promovidas por el presidente del Banco Atlántida mediante su apoderado legal, se enmarcan en figuras cuestionadas dentro del Código Penal, vigente desde el pasado 25 de junio, con amplia oposición de organizaciones sociales, de derechos humanos y parlamentarios de partidos políticos opositores al oficialista Partido Nacional.
C-Libre registra en el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2019 al 09 de julio de 2020, cinco acciones que violentan el ejercicio de la libertad de expresión y prensa contra el equipo que conforman “El Perro Amarillo”. Dichas acciones comprenden una primera acción por parte de Banco Atlántida, negativa de protección por parte de organismos estatales de derechos humanos, así como el daño a sus instalaciones y el hurto de información.
Sobre el riesgo que enfrenta “El Perro Amarillo”, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), instó en febrero del presente año, a las autoridades hondureñas, a investigar las amenazas contra este medio de comunicación y enjuiciar a los responsables de tal acción.
El informe de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), presentado en 2019, destaca que Honduras “sigue siendo frecuente el uso del derecho penal como mecanismo para inhibir y hostigar a quienes ejercen el periodismo”.
La Declaración de Chapultepec, firmada por diferentes países, entre ellos Honduras en 1995, establece en su artículo 10 que: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.