El Alto 31 jul (ANP).- Al menos cuatro periodistas fueron agredidos física y verbalmente durante una marcha organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al partido del expresidente Evo Morales, el pasado martes 29 de julio, pero varios de los afectados optaron por la autocensura para evitar represalias, según expresaron a la Unidad de Monitoreo de la ANP-Diarios.
La marcha organizada por la COB rechazó la postergación de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, y exigió que se cumpla la convocatoria que preveía la consulta en las urnas el 6 de septiembre. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) explicó que la postergación de las elecciones fue resuelta tras recibir informes y previsiones sobre la pandemia de la covid-19 que en Bolivia ha cobrado la vida de 2.894 personas, hasta ayer.
La periodista de Radio RKM, Roxana Yapu, fue agredida física y verbalmente mientras realizaba la cobertura informativa de la protesta que recorrió varios kilómetros entre las zonas de Senkata y la Ceja de El Alto. Denunció que un manifestante no identificado la golpeó para provocar la caída del teléfono móvil que empleaba para transmitir las noticias de esa mañana.
El director de la radio RKM, Carlos Lucero, informó que Yapu presenta “una leve lesión en la muñeca; por un acto reflejo logró cubrirse la cara para evitar un puñete”. Expresó su indignación por la intolerancia y la falta de respeto de los manifestantes a los periodistas. “Nosotros estamos para trabajar por el pueblo”, dijo.
Un periodista de Radio y Televisión Popular (RTP) que prefirió guardar su identidad por temor a represalias, relató que algunas personas que eran parte de la marcha los acusaron de pertenecer a “medios vendidos”.
Señaló que los periodistas trabajan en primera línea, poniendo en riesgo su integridad y sólo se dedican a reflejar la realidad y mantener informada a la población. Pidió que se evite “este tipo de agresiones y de intolerancia”.
El periodista que siguió la marcha informó que reporteros de otros canales de televisión privados y de radioemisoras sufrieron agresiones verbales. Los manifestantes intentaron arrebatar teléfonos móviles de los enviados de prensa, según el testimonio.
La Unidad de Monitoreo de la ANP-Diarios consultó a periodistas agredidos de otros medios pero varios se excusaron de ofrecer una declaración y optaron por la autocensura.
Durante la protesta, algunas personas atacaron una ambulancia de un hospital privado. Las redes sociales difundieron imágenes donde se ve a un grupo de personas obstruyendo el paso del vehículo de emergencias y a un hombre que arranca el vidrio retrovisor del vehículo y luego golpea el motorizado usando el accesorio.
En un video difundido por el medio de comunicación RKM se evidencia que los trabajadores de la prensa fueron insultados y amenazados por los marchistas con las siguientes expresiones: “¿hay coronavirus no ve?, ¡cuídense, váyanse!”, “traidores de Bolivia”, “vergüenza de prensa”, “váyanse a sus casas”
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto (Fejuve), Fernando Condori, denunció, que manifestantes asaltaron la sede y sustrajeron equipos de la radio y televisión de esa institución. Atribuyó la responsabilidad a los organizadores de la marcha.
Respecto a las agresiones a periodistas el dirigente de la COB, Nicanor Baltazar, afirmó: «Tal vez ha sido gente radical, nosotros no podemos controlar las bases».
La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció contra las agresiones a personal sanitario y periodistas, y a través de su cuenta de Twitter expresó:
El derecho a la reunión pacífica es clave en democracia. Su relevancia amerita que la prensa pueda darle una cobertura libre de toda agresión. El trabajo periodístico y sanitario debe ser respetado por todos/as. Se reprueba agresión contra medios y personal de salud en El Alto.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, publicó el martes 28 un comunicado en el que condena y califica de inadmisibles los actos de violencia contra trabajadores de la prensa y personal de salud durante la movilización social.
Al finalizar la marcha, un cabildo exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificar la fecha de realización de elecciones generales para el 6 de septiembre, en lugar del 18 de octubre. La organización sindical amenazó con el inicio de una huelga general indefinida y el bloqueo de carreteras.