Argentina, 20 de diciembre de 2021 (FOPEA).-
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advierte una vez más sobre la gravedad institucional de la estigmatización a la que está siendo sometida por la Justicia de Tucumán la periodista Irene Benito.
La colega de La Gaceta debe presentarse mañana martes a declarar en una causa abierta por un funcionario del Gobierno provincial y ante una fiscal, Mariana Rivadeneira, que no parece ofrecer garantías de imparcialidad dentro de un Poder Judicial cooptado por el poder político local. Tal como se viene denunciando, Benito es perseguida en los tribunales penales a partir de sus trabajos de investigación sobre el Poder Judicial tucumano y el trabajo de la propia fiscala que firma la citación fue abordado por la colega, por lo que resulta extraño que no se haya apartado de la causa. Los trabajos de Benito alcanzaron inclusive al actual presidente de la Corte Suprema local, Daniel Leiva, un ex funcionario oficialista ligado estrechamente al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y al vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo.
Con su proceder, la Justicia tucumana muestra un patrón de acoso judicial con la intención de impedir que el periodismo investigativo continúe con su labor. La citación a indagatoria es una manera más de criminalizar la tarea periodística, ya que se pretende instalar con la denuncia, sin dato objetivo alguno, sospechas de que existe una relación indebida entre la periodista y sus fuentes, ajena a la tarea profesional. Este disparate judicial busca generar un clima de intimidación y autocensura para disuadir a medios y periodistas de encarar investigaciones en el futuro.
FOPEA ya lo ha dicho y lo reitera hoy: no hay nada objetable en que un periodista hable las veces que sea necesario con sus fuentes, ya que el mero intercambio de mensajes no representan indicios de connivencia entre el periodista y el entrevistado para cometer un ilícito, como maliciosamente sostiene el denunciante. A su vez, reclama que se respete y defienda el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo en libertad y sin restricciones u hostigamiento de ningún tipo.
La Justicia tucumana tiene en esta ocasión la posibilidad de demostrar su independencia del poder político local y la fiscala Rivadeneira, en particular, de ratificar sus dichos de marzo de este año, cuando había dispuesto el archivo de la denuncia por la cual ahora imputa a Benito. Esa vez, la funcionaria había concluido que no existía delito y exhortado a “proteger de ataques desmesurados e inverosímiles a derechos de raigambre constitucional tales como la libertad de expresión y particularmente la libertad de prensa”.