Colombia, 26 de marzo del 2021 (FLIP). El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Tumaco condenó a Jesús Vargas Cuajiboy a 28 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, por su participación en los hechos ocurridos en la frontera colombo-ecuatoriana en marzo de 2018 en los que perdieron la vida Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador.
Esta sentencia se da como consecuencia del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Jesús Vargas Cuajiboy, por el cual se realizó un acto de perdón y reconocimiento de responsabilidad como medida de reparación a las víctimas.
Para las víctimas y sus representantes, lo ocurrido a lo largo del proceso y la sentencia dejan en evidencia la falta de una investigación seria y exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la Nación. “Si bien este fallo es relevante, la Fiscalía colombiana no ha sido diligente en su investigación, tampoco ha logrado esclarecer responsabilidades en otros niveles y tampoco ha dado con todos los autores materiales ni intelectuales del secuestro y posterior asesinato. A pesar de esta condena, no se ha hecho justicia y este fallo de ninguna manera representa que la labor de investigación de los estados, en especial de Colombia, haya concluido” fue la respuesta de los familiares del equipo periodístico.
La condena es solo una pieza del rompecabezas de esta lamentable historia. Como lo manifestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -en el informe final del equipo de seguimiento especial que se constituyó para el caso- siguen existiendo hipótesis que no han sido investigadas, el Estado ha negado el acceso a información relevante sobre el manejo del secuestro y no se ha garantizado una reparación integral a las víctimas, lo cual resulta indispensable para las familias de Javier, Paúl y Efraín.
Casi tres años después, la Fiscalía aún no tiene claro cuál fue el papel que desempeñaron las tres personas que se encuentran acusadas y siguen sin aclararse las condiciones en que se dio el homicidio del equipo periodístico las versiones hasta ahora recogidas se contradicen con lo recopilado en los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Asimismo, se ha omitido indagar sobre aspectos que comprometerían la responsabilidad del Estado colombiano en el desenlace fatal del equipo periodístico. Contrario a lo manifestado por el Ministerio de Defensa, existen elementos que permiten corroborar que durante el cautiverio se adelantaron acciones militares en la zona donde posiblemente se encontraba el equipo periodístico, razón por la cual se les movilizaba permanentemente. Así mismo se realizaron acciones de hostigamiento en contra de familiares de Walter Patricio Arízala Vernaza, alias “guacho”, a sabiendas del riesgo que esto podría implicar en las negociaciones de liberación.
Por otro lado, se ha dejado de presente que el Frente Oliver Sinisterra iba liberar al equipo periodístico, sin embargo dicha posibilidad se frustró, posiblemente por la injerencia del Estado colombiano.
La implementación de las recomendaciones que realizó la CIDH, respecto a las investigaciones penales en Colombia, es necesaria para encauzar una investigación que garantice el derecho a la verdad de las víctimas y esclarezca lo sucedido con el equipo periodístico.
Teniendo en cuenta lo anterior, mal haría la Fiscalía General de la Nación en vanagloriarse por esta decisión, cuando la misma es únicamente producto de la persistencia de las familias de Javier, Paúl y Efraín, que no han descansado en la lucha contra la impunidad en este caso.
Desde la FLIP retiramos nuestro respaldo y apoyo a la lucha de los familiares de Javier, Paúl y Efraín, continuaremos acompañando a las familias en la lucha contra la impunidad, exigiendo al Estado acciones eficaces para el esclarecimiento de los hechos y la reparación a las víctimas.