Honduras, 16 de junio, 2019 (Comité por la Libre Expresión).- Las agresiones por parte de fuerzas policiales, persisten hacia la prensa, en la cobertura de las protesta convocadas por la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación al sur del país.
Este martes 11 de junio, el periodista Leonardo Pineda junto al camarógrafo Jorge Núñez, quienes laboran para el canal 21 (Prensa Libre), fueron víctimas de persecución policial luego de que dieran cobertura a la represión a la manifestación.
Un video que proporcionó Pineda a C-Libre, muestra la persecución de policías a bordo de tres patrullas motorizadas y se observa como lanzan una bomba lacrimógena, con la intención de agredir al periodista y su compañero en cámaras.
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Es el segundo hecho registrado contra el periodista, luego que el pasado 30 de mayo, lanzaran gas lacrimógeno.
Ese mismo día fueron agredidos cerca de 12 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en diferentes ciudades del país, de estas, cinco ocurrieron en Choluteca, de acuerdo al registro de C-Libre.
Pero este viernes anterior, efectivos de la Policia Nacional lanzaron el químico en una estación gasolinera, específicamente, donde manifestantes se resguardaban de la represión en la zona. También los Periodistas Dina Paz y del canal CrTV, se encontraban dentro de las instalaciones al momento la brutal acción.
«El día de hoy, la Policia intentó asfixiarnos. responsabilizamos al Jefe de la UDEP #6 Robert Nuñez de lo que pueda pasarnos a mí y mi esposo, quienes laboramos en Crtv», dijo Paz en una publicación en su cuenta de Facebook.
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Para 2018, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitió un informe sobre Honduras, donde, en el marco de las protestas contra la imposición de Juan Orlando Hernández como Presidente hondureño, fuerzas policiales y militares hicieron uso excesivo de la fuerza contra los y las manifestantes.
Entre sus recomendaciones, el informe puntualizó sobre la restricción para que la policía militar y las fuerzas armadas “en las funciones de aplicación de la ley y que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.