Caracas, 9 de junio (IPYS Venezuela)-. El pasado 1 de junio, en las adyacencias del Hospital Central de San Cristóbal, en el estado Táchira, un sujeto que se identificó como el escolta de Juan Rodolfo Martínez, gerente general de la alcaldía de la capital tachirense, intimidó a la periodista Luzfrandy Contreras, de TRT, al fotografiarla cuando entrevistaba a un comerciante que la contactó para denunciar que estaba siendo desalojado por las autoridades municipales.
1/2 #AvanceIPYSve | El #1Jun el escolta de Juan Rodolfo Martínez, gerente de la alcaldía de #SanCristóbal, #Táchira, fotografió a la periodista @LuzfrandyC, de TRT, en las adyacencias del Hospital Central mientras entrevistaba a un comerciante desalojado por la alcaldía.
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) June 3, 2022
Contreras relató a IPYS Venezuela que, tras finalizar la entrevista, cuando se dirigía al vehículo para reunirse con su equipo, conformado por el reportero Freddy Villamizar, también de TRT y su camarógrafo, Villamizar recibió una llamada de Martínez quien lo interpeló sobre el testimonio que habían tomado, y los citó en la alcaldía para ejercer su derecho a réplica. Sin embargo, en la oficina del gerente negaron el acceso a la periodista y sólo pudieron pasar sus compañeros.
“La periodista del gerente [Luisana Arellano] le dijo a mi compañero [Villamizar] que pasara a la oficina, que el jefe quería hablar con él, luego me dijo que le diga al camarógrafo que pase, y yo le pregunté que si yo no puedo entrar, y me dijo que no, que el jefe solo quería hablar con mi compañero”, relató Contreras. Luego de esta restricción ocurrida en la alcaldía, Arellano, mediante una llamada telefónica, ofreció disculpas a la comunicadora por haberle impedido el paso y argumentó que seguía instrucciones de Martínez.
IPYS Venezuela rechaza las acciones de intimidación ejecutadas por los miembros de la alcaldía de San Cristóbal contra Contreras. Si bien el derecho a réplica debe garantizarse, esto no debe ser una excusa para acosar a los trabajadores de la prensa y limitar la cobertura noticiosa de denuncias y otros hechos de interés colectivo.