Honduras, 05 de febrero de 2019 (Comité por la Libre Expresión)-
“Te doy 15 días para que te pierdas del mapa ya la cagás pendejo”. Es la amenaza que recibió el periodista Joel Mejía, este lunes 04 de febrero, mientras transmitía su programa “Noticias JM Visión”, en un canal de televisión del municipio de la Unión, al norte del departamento de Olancho.
Al ser entrevistado por C-Libre, Mejía manifestó que estas amenazas provienen de familiares del acalde de La Unión, Ramón Edgardo Cárcamo, por haberse negado a realizar una campaña desprestigiando contra el ex alcalde de dicho municipio, denunció el periodista.
Mejía narró que hace cinco meses, al cobrar la pauta publicitaria acordada con la corporación municipal, el actual alcalde le expresó lo siguiente: “quiero que me demuestre su lealtad”, incitando al periodista para que realizara una campaña contra el anterior edil. A lo que se negó.
“Usted se equivocó conmigo, agarre su dinero, pero no voy a crearme enemistades que no me competen”, le aclaró Joel Mejía a la autoridad municipal. Luego de esto, le vinieron repercusiones tales como la negativa para cancelar la deuda por concepto de la publicidad en el canal y acciones contra familiares.
Otra de las amenazas recibidas, aseguró el periodista, fue hace tres semanas, por parte del asistente del alcalde, quien le expresó al aire en su programa: “conmigo no te metas, a mí me vas a respetar”.
Mejía enfatizó estar preocupado por su situación de seguridad. “Mi familia está preocupada, yo lo estoy. Varios colegas me han dicho que le ponga atención a este asunto ya que en el momento que vivimos no está fácil la cosa, me da miedo”. Las personas que me pueden hacer daño, al hacerle una denuncia pueden adelantarse a los hechos.
“Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación. Esto resulta particularmente importante en países donde existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben o deberían saber que hay un riesgo real e inmediato que se cometan tales delitos”, expone el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios” de la Relatoría Especial para la Libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
