Santa Cruz, 20 may (ANP) – El periodista del diario boliviano El Deber, Guider Arancibia Guillén, denunció que el 6 de mayo recibió una llamada telefónica del ministro de la seguridad interna de Bolivia, Carlos Romero Bonifaz, quien le formuló un reclamo, con acusaciones y amenazas por las notas publicadas sobre los vínculos del presunto narcotraficante Pedro Montenegro con autoridades policiales, judiciales y del gobierno del presidente Evo Morales.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) emitió un pronunciamiento de respaldo a El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y al periodista Arancibia. “La organización rechaza toda forma de presión, amedrentamiento y chantaje, y lamenta el intento de generar condiciones para la autocensura”, señaló en un comunicado.
En declaraciones a la Unidad de Monitoreo de la ANP-Diarios, Arancibia precisó que el ministro de Gobierno lo acusó a él y a su medio de comunicación de “mentir y mentir”, durante un contacto por teléfono. “Los voy a hacer caer y les voy a demostrar todas sus mentiras (…) Tengo que concluir que ustedes son parte de la red de Montenegro, son sus amigotes”, se escucha decir al Ministro en la grabación presentada como prueba por el periodista”.
En la segunda quincena de abril, Arancibia comenzó a publicar una serie de notas de investigación policial referidas al denominado “caso Montenegro”, en alusión al ciudadano boliviano que se entregó a las autoridades el 11 de mayo, por hallarse bajo investigación en Bolivia por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas.
Montenegro vivía en libertad plena pese a tener en su contra un pedido de extradición de Brasil, desde 2015, pero la orden de captura internacional por tráfico de drogas no fue ejecutada por la Policía Boliviana.
“Yo no miento, no manipulo, no direcciono. A ustedes no les interesa el narcotráfico, o si este país avanza. A ustedes les interesa hacer daño al Gobierno, al Ministro de Gobierno. Lo hacen día tras día, desde hace años, y fracasan”, manifestó el Ministro, quien en otra parte de la grabación lamenta que el trabajo periodístico de Arancibia “tenga un impacto político”.
“Frente a las acusaciones que intentan desvirtuar la labor informativa del medio y del colega periodista, la ANP-Diarios reitera su defensa de los principios consagrados en convenciones internacionales y la Constitución Política del Estado (CPE) que protegen el derecho del ciudadano a ser informado y, a los periodistas, el derecho a informar en un ambiente de libre expresión”, señala el mensaje.
Estrechos vínculos
Los reportes de Arancibia publicados en El Deber dejaron en evidencia que Montenegro pagó vacaciones a jefes policiales -que posteriormente fueron detenidos- y que recibió en al menos cuatro ocasiones distinciones por colaborar a la Policía, que en Bolivia está bajo tuición del Ministerio de Gobierno que encabeza el ministro Romero.
Arancibia dijo que sus publicaciones están respaldadas por expedientes judiciales de las audiencias públicas de los involucrados en el “caso Montenegro” y que el material informativo publicado fue contrastado porque se concedieron espacios para que el ministro Romero diera su versión de los hechos y réplicas a las declaraciones de los detenidos.
El periodista Arancibia ha cumplido con el rigor que impone el tratamiento de una noticia. Acudió a fuentes confiables, cuidó el rigor de obtener la contraparte de la noticia, y acudió a la fuente aludida para alcanzar el equilibrio informativo. El procedimiento deja testimonio de una actuación responsable y ello desvirtúa cualquier acusación sobre presuntas campañas de descrédito, expresó la ANP-Diarios.
Representantes de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, del Colegio de Comunicadores de Santa Cruz y de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz acompañaron a Arancibia en la conferencia de prensa y realizaron un pronunciamiento conjunto “de rechazo al amedrentamiento” del ministro Romero. Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, dijo que se analizan otras acciones en favor de su afiliado, como marchas para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión.