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Ciudad de México a 11 de enero de 2023.- El pasado lunes 9 de enero, Samuel Roa Botello, director del portal informativo Emsa Valles, recibió amenazas afuera de su domicilio en Ciudad Valles, San Luis Potosí.
Por la tarde del lunes, el periodista identificó una hielera con dos cabezas de cerdo y caña de azúcar. Alertó de estos hechos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, y fue a denunciar a la Fiscalía General del Estado la amenaza. Según la información recabada por ARTICLE 19, aunque hubo movilizaciones policiales el lunes, y autoridades tanto estatales como federales se contactaron con Samuel Roa, no ha habido una declaración pública sobre los hechos.
La caña de azúcar es un potencial mensaje al periodista pues, desde la última semana de diciembre de 2022 y en los primeros días de enero de 2023, el portal informativo publicó una serie de reportajes sobre el sector cañero en la Huasteca Potosina. Particularmente, las notas se enfocaron en el actuar de grupos criminales los cuáles explotan a los productores, exigen cuotas y amenazan a dichos productores con posibles actos de violencia física, levantamientos, o incluso desapariciones.
Samuel Roa explicó en entrevista a ARTICLE 19 que no es la primera vez que él y el medio de comunicación que dirige recibe amenazas: “Seguido se tienen intimidaciones y situaciones de seguridad, pero no habíamos sido víctimas de algo tan crítico desde el 2018, cuando nos quemaron dos camionetas.” Desde entonces, Roa cuenta con medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección Federal a Personas Defensoras y Periodistas.
Según la documentación de ARTICLE 19, San Luis Potosí en los últimos cuatro años ha tenido un promedio de 15 periodistas agredidos o amenazados al año. Esto incluye al menos 7 amenazas y 5 ataques físicos contra periodistas en la entidad.
La organización reitera que ante el clima de violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado la “obligación de los Estados de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima”; en particular la debida diligencia “[…] exige que las investigaciones impulsadas por el Estado tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión”, asegurando que no haya “omisiones en la recabación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”.