Mentiras virales: la desinformación y el coronavirus

Nov 30, 2020 | 0 Comentarios

Ciudad de México 25 de marzo de 2020 (ARTICLE 19).- En meses recientes, el COVID-19, padecimiento ocasionado por una cepa de coronavirus, se ha propagado por el mundo, acompañado de la proliferación de desinformación y “discursos de odio” en contra de personas de ascendencia china o asiática.

La libertad de expresión ha sido una de las víctimas de la epidemia, dado que algunos gobiernos han empleado la censura, el arresto de personas y la aplicación de leyes represivas para abordar estos problemas y controlar las narrativas públicas sobre la crisis.

En febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por una “infodemia” ocasionada por la oleada de información falsa y engañosa sobre el COVID-19. La gente tiene más acceso a publicaciones en redes sociales sobre curas falsas, teorías de la conspiratorias e informes inexactos sobre la propagación del virus, que a información proveniente de fuentes autorizadas. En ocasiones, estas falsas verdades se cuelan hasta aparecer en los canales tradicionales de información. En muchas otras, la desinformación ha logrado desviar la atención de los responsables de las políticas, ha promovido la desconfianza en gobiernos y ha sembrado la confusión entre la opinión pública.

El brote de COVID-19 también ha provocado miedo, discriminación e intolerancia en muchas partes del mundo. Muchas personas y comunidades que son objeto del “discurso de odio” se preocupan de que éste pueda derivar en discriminación o violencia.

En su empeño por abordar estas situaciones problemáticas, en ocasiones, los gobiernos han adoptado estrategias de mano dura que resultan contraproducentes. El intento de China de reprimir los reportes públicos sobre el surgimiento del COVID-19 obstaculizó la respuesta inicial ante el brote. Los gobiernos del sudeste asiático optaron por una legislación represiva para arrestar y enjuiciar a quienes difundieran información supuestamente falsa sobre el COVID-19. Las autoridades de Irán arrestaron a usuarios de redes sociales que publicaban sobre el virus, al tiempo que suprimían información sobre su brote.

El periodismo independiente, los reportes de la ciudadanía, el discurso público abierto y el libre flujo de información resultan indispensables en el esfuerzo global para contrarrestar el COVID-19. Los gobiernos deben desarrollar políticas y respuestas al brote que den cabida a la libertad de expresión y el acceso a la información. Los planteamientos ante la desinformación y el “discurso de odio” que recurren a la censura y a sanciones penales deben reemplazarse por otros que hagan énfasis en la transparencia y la libertad de los medios.

Los medios de comunicación y las redes sociales también deben contribuir a la lucha contra la desinformación y el “discurso de odio” relacionados con la crisis del COVID-19. El deber de los periodistas es informar con precisión y sin sesgos, investigar las campañas propagandísticas y la discriminación oficial, y asegurar el derecho de réplica y de corrección de la información. Las empresas de las redes sociales deben seguir colaborando con la OMS y las autoridades de salud en la difusión de información precisa y autorizada sobre el COVID-19. También deben asegurarse de que las medidas en contra de la desinformación y el “discurso de odio” se basen en políticas claras y fáciles de entender, y que cuenten con el respaldo de las garantías de debido proceso.

Este documento presenta la postura de ARTICLE 19 en torno al impacto de la crisis del COVID-19 sobre la libertad de expresión. Describe los estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión e información, en especial en lo relacionado con el derecho a la salud. El documento pone énfasis en el papel fundamental de estos derechos para el desarrollo e implementación de estrategias eficientes de salud pública. También presenta diferentes problemas para la libertad de expresión e información durante la actual crisis del COVID-19, al tiempo que formula recomendaciones al Estado y a otros actores, en especial a los medios de comunicación y a las plataformas de las redes sociales.

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