(Bogotá, Colombia – 06 de julio de 2023) A mediados de junio una periodista de Chocó, cuya identidad mantenemos bajo reserva por motivos de seguridad, fue víctima de amenazas, secuestro y violencia sexual, como retaliación a sus publicaciones sobre temas de seguridad, judiciales y orden público en el departamento. De estos hechos también fue víctima el núcleo familiar de la periodista, afectándoles física y psicológicamente de manera directa. En la atención de este caso, la Fiscalía ha incumplido sus obligaciones, lo que la ha revictimizado y ha impedido el correcto acceso a la administración de justicia de ella y su familia.
Irregularidades en la recepción y trámite de la denuncia por el delito de acto sexual violento
Al recibir la denuncia de la periodista, la Fiscalía no registró de manera fidedigna los hechos y detalles referidos por la víctima, omitiendo los de mayor de gravedad, como los delitos de secuestro, amenaza y acto sexual violento en incapaz de resistir. El delito que quedó de referencia fue el hurto calificado de menor cuantía, lo que minimiza la magnitud y gravedad de los hechos.
Además, a pesar de que la periodista mencionó en su relato que había ocurrido un acto de violencia sexual en su contra, la Fiscalía no activó la ruta de atención a víctimas de violencia sexual y no realizó los actos urgentes, indispensables para salvaguardar las pruebas o evidencias físicas. Esto es esencial para poder avanzar con la identificación y sanción de los responsables.
Así, la Fiscalía invisibilizó la violencia de género ejercida contra la comunicadora y no cumplió lo previsto en el Protocolo investigación de violencia sexual (Resolución 01774 de 2016).
Ausencia de los enfoques diferenciales
La Fiscalía desconoció por completo el enfoque diferencial de género (en todos los delitos) que se le debió haber dado al caso desde el momento en que se recibió la denuncia, teniendo en cuenta que había dos víctimas mujeres —una de ellas menor de edad—.
Así mismo, en ningún momento del proceso, se reparó que la víctima era periodista y que se debe indagar como primera hipótesis la relación de los hechos con su oficio.
Falta de protección al núcleo familiar
Con las falencias descritas en el trámite de recepción de la denuncia la Fiscalía tampoco activó un abordaje metodológico que brindara la garantía de los derechos del núcleo familiar, que fue víctima de los hechos delictivos. Entre otros, se dejó de activar la ruta prevista para las y los menores de edad, desconociendo con su actuar omisivo todo el bloque normativo que frente a los sujetos de especial protección Constitucional se consagra en la Convención Internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de las Naciones Unidas, la Constitución Política de Colombia y el Código de Infancia y adolescencia.
Revictimización a través de la repetición de su testimonio hasta seis veces
Desde la ocurrencia de los hechos la periodista tuvo que relatar lo sucedido al menos seis veces ante la Fiscalía, la Policía y la Defensoría en Chocó.
Además, la Fiscalía le mencionó a la periodista que su reporte de Policía no aparecía en las bases de datos a pesar de que ella puso en conocimiento los hechos, a quienes acudieron al domicilio y la entrevistaron a ella y a su familia.
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Es urgente que la Fiscalía active los protocolos de atención de violencia de género existentes e implemente de manera urgente el plan de capacitación y sensibilización a sus funcionarios para que puedan identificar actos y manifestaciones de violencias contras las mujeres basadas en el género, que afectan a las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro e investigar y enjuiciar a los perpetradores, de acuerdo a lo ordenado por la Corte IDH.
De igual manera, la Fiscalía debe adoptar medidas para que el sistema de atención e investigación de crímenes contra mujeres periodistas sea eficaz, de lo contrario genera un ambiente permisivo para la violencia contra la prensa. Como lo advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Bedoya Lima vs Colombia:
“La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia”.
Han transcurrido tres semanas desde que ocurrieron los hechos, y la periodista y su familia han recibido acompañamiento psicosocial y apoyo en su reubicación pero estos han sido proporcionadas por fuentes alternas al Estado.
Rechazamos categóricamente la violencia ejercida contra la periodista y nos solidarizamos con ella y su familia. También señalamos la desarticulación y desprotección por parte del Estado. Por la gravedad de las agresiones, en este tipo de casos es urgente y necesaria una atención integral y articulada por parte del Estado en su conjunto.