Caracas, 18 de abril (IPYS Venezuela)-. Nuevamente el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, atacó discursivamente y criminalizó el trabajo del periodista Alexander González y de Eladio Muchacho, reportero y propietario de Diario de Los Andes, respectivamente, durante la transmisión del viernes 14 de abril de su programa radial “Háblame, Gerardo”, emitido por ocho emisoras de la entidad andina, desde la radio principal Paisana 92.5 FM, dial oficial del gobierno trujillano.
Durante su alocución, el mandatario regional llamó estafador al dueño del diario y tildó de palangrista al reportero. “(…) ese periódico de ese estafador. Con un periodista al que yo le digo, bueno, yo no sé si le pagaban. Si le pagaban estos que están ahorita privados de libertad por corrupción, ay, ay, ay, van a pasar trabajo, esos palangristas”, señaló Márquez.
Si bien el gobernador no mencionó el nombre del medio ni del periodista, hizo referencia a la nota “Gerardo Márquez en presentación de memoria y cuenta: Trujillo tendrá conexión aérea con las islas del Caribe en los «próximos años»”, escrita por González y publicada el 12 de abril en el sitio web de Diario de Los Andes.
“Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para llevar a Trujillo al sitio que le corresponde (…). Entonces sale al día siguiente, titularon ‘dentro de algunos años’, ‘presentación de la memoria y cuenta y solo dice que en algunos años habrá vuelos en el exterior’”, aseveró Márquez.
Esta no es la primera vez que el gobernador de Trujillo utiliza su espacio radial para desprestigiar la labor informativa de Diario de Los Andes. El 27 de enero, Márquez acusó a González y a Muchacho de sumarse a un “plan de golpe de Estado”.
A través de la transmisión del 31 de marzo de su programa, Márquez también emitió descalificativos y criminalizó el trabajo de la cuenta informativa Palpitar Trujillano y su director, Andrés Brisbarán.
IPYS Venezuela ve con preocupación los reiterados ataques discursivos y la criminalización por parte del gobernador Gerardo Márquez contra la prensa en el estado Trujillo. Es deber de los funcionarios públicos garantizar la búsqueda y difusión de información que permitan a la ciudadanía ejercer la contraloría social.