Caracas, 14 de junio (IPYS Venezuela)-. El lunes 12 de junio, efectivos militares y policiales intimidaron y criminalizaron la labor informativa de los periodistas Jhoalys Siverio, de Crónica Uno; Félix Requena, de Los Tubazos; Stephanie Hernández de Nueva Prensa de Guayana; Rosangely Bruces de El Diario de Guayana; Pableysa Ostos, de La Patilla, y Carlos Suniaga, de El Pitazo, y su camarógrafo, José Medina, de VPItv, durante una protesta de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el Portón I de la empresa, en Ciudad Guayana, estado Bolívar.
La periodista Jhoalys Siverio contó a IPYS Venezuela que, durante la protesta, ocurrió un forcejeo entre los trabajadores y el piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el Portón I para ingresar a una parte de las instalaciones de la empresa. En ese momento, se abrió un espacio para que la prensa pudiera pasar, pero un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ordenó, a través de un megáfono, tomar registros fotográficos de los reporteros porque estaban “incitando a la alteración del orden en la siderúrgica”.
Tras la orden del militar, una funcionaria de la PNB fotografió a los periodistas, contó Siverio. En el lugar también se encontraban efectivos de la Policía del Estado Bolívar.
Debido a la intimidación por parte de los cuerpos de seguridad, los comunicadores se resguardaron y se retiraron del lugar cuando los manifestantes se fueron.
Entre enero y el 12 de junio, IPYS Venezuela registró otros dos casos en los que la prensa fue vulnerada durante la cobertura de protestas ciudadanas en el estado Bolívar. En enero, efectivos policiales y militares impidieron el acceso a los comunicadores para cubrir una manifestación en Sidor. Dos meses después, en marzo, simpatizantes oficialistas agredieron a seis periodistas, un reportero gráfico y un camarógrafo en una pauta informativa mientras funcionarios de la PNB observaban los hechos sin intervenir.
IPYS Venezuela exige al Estado el cese de la criminalización y los actos intimidatorios contra la prensa. Es deber de las autoridades públicas garantizar la libre búsqueda y difusión de información de interés colectivo.