Argentina, 9 de diciembre de 2021 (FOPEA).-
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación por la nueva escalada del acoso judicial al que está siendo sometida la periodista de Tucumán, Irene Benito. La colega de La Gaceta fue citada a declarar como imputada en una causa penal que inició un abogado designado con el rango de subsecretario del Ministerio de Economía provincial (Alfredo Falú) por el gobernador con licencia y hoy jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. Es la primera vez que una periodista es objeto de una acción judicial de esta especie en Tucumán desde el retorno de la democracia. Benito presenta una doble vulnerabilidad: a su condición de mujer se suma su pertenencia a una minoría sexual.
La víctima ha publicado numerosos artículos críticos sobre el Poder Judicial y, como consecuencia de esa actividad, ella y sus familiares sufren agresiones emanadas de sectores de la propia institución que investigó así como del oficialismo provincial. Esta campaña de desprestigio con connotaciones extorsivas comenzó en 2015 y fue agravándose con el tiempo. En aquel año, Benito publicó con otros dos compañeros un libro de investigación sobre Manzur.
Resulta llamativo que la misma fiscala penal Mariana Rivadeneira haya dispuesto ahora su citación a indagatoria cuando meses atrás había desestimado la denuncia presentada por el abogado y funcionario oficialista Falú. Al archivar ese planteo el 8 de abril pasado, la fiscala había descartado que los hechos denunciados configuraran delitos, y reivindicó en ese momento las libertades de prensa y de expresión. “Destaco la necesidad de proteger estos valores de los ataques desmesurados e inverosímiles”, expuso en esa ocasión. En ese momento, Rivadeneira valoró un informe del Colegio de Abogados de Tucumán que excluía cualquier irregularidad. A esa prueba se sumó otra del Colegio de Abogados del Sur (de la provincia) que refuerza la inocencia de la periodista. Rivadeneira es una de las funcionarias investigadas por Benito desde el momento en el que juró en el cargo, lo mismo que el subsecretario denunciante, Falú.
FOPEA advierte acerca de las posibles responsabilidades que pueda generar esta citación a indagatoria, que se da en un contexto de cambio de autoridades de la Corte Suprema local, que ahora es presidida por un ex funcionario de Manzur, Daniel Leiva. La medida busca amedrentar y deslegitimar el trabajo que realiza la periodista, además de difundir un mensaje disciplinador para el periodismo que pretenda investigar al poder. En un sistema democrático, el mayor reaseguro de una prensa libre es la vigencia de una Justicia independiente. Este tipo de decisiones, por el contrario, atentan contra esas garantías y ponen en riesgo la libertad de expresión. El ataque dirigido a Benito se suma a otros registrados contra periodistas, sobre todo mujeres, en los últimos tiempos. En atención a estos hechos, FOPEA considera necesario llamar la atención acerca de lo que está pasando en Tucumán, así como solicitar a los poderes del Estado que garanticen a los periodistas y a la sociedad el ejercicio pleno de los derechos y libertades constitucionales.
Recientemente la Corte Interamericana en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima condenó a Colombia dando cuenta que las agresiones contra esta periodista no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. La Corte ordenó al Estado a llevar a cabo “una política integral para la protección de los y las periodistas”, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”, el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género. FOPEA considera que el acoso judicial sufrido por Benito compromete la potencial responsabilidad del Estado argentino por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.