La Paz, 23 sep (ANP) La fundación privada Jubileo y la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)defendieron la imparcialidad de una encuesta censurada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), financiada por países de la comunidad internacional, y que muestra estrecha diferencia entre las preferencias ciudadanas por el presidente y candidato, Evo Morales, y el opositor y expresidente Carlos Mesa (2003-2005).
El TSE que organiza, controla y emite los resultados finales de las elecciones generales del próximo 20 de octubre, cuestionó las fuentes de financiamiento de la encuesta de la UMSA, Jubileo y otras organizaciones civiles, y prohibió la difusión del estudio, una acción cuestionada por observadores políticos por estar reñida con estándares internacionales en materia de libre acceso a la información y de libertad de expresión.
Otras encuestas promovidas por medios informativos privados tuvieron amplia difusión.
El ciclo de encuestas en el marco electoral tiene la contribución de la comunidad internacional, dijo el director ejecutivo de la Fundación Jubileo (jubileobolivia.com) durante una conferencia de prensa y citó como fuentes del apoyo institucional a Alemania, Estados Unidos, Suiza y Gran Bretaña.
El TSE aplicó el artículo 135 de la Ley del Régimen Electoral de junio de 2010, que prohíbe la difusión de estudios “financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) remitió a la Presidencia del TSE una carta en la que pide libre difusión de encuestas.
El TSE advirtió con sanciones a los medios que difundan las encuestas y sólo el Canal Universitario (TVU), dependiente de la UMSA, y la católica Agencia de Noticias Fides (ANF) informaron sobre el contenido de la encuesta.
En una entrevista concedida a la ANF, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, manifestó que la Convención Americana de Derechos humanos prohíbe la censura en la difusión de encuestas.
El rector de la UMSA, y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, defendió el derecho de acceso a la información y, citado por el diario Página Siete, explicó que la casa de estudios está “en la obligación de realizar una segunda y tercera encuesta” de intención de voto.