Santa Cruz, 10 Nov (ANP) – El camarógrafo Ángel Daniel Justiniano Saucedo, de la red televisiva Unitel de Bolivia, sufrió una contusión en la parte posterior de su pierna derecha el 9 de noviembre de 2021, como efecto del proyectil de gas lacrimógeno disparado por un policía, mientras realizaba la cobertura del segundo día del paro multisectorial indefinido contra la Ley 1386 que rechazada por diferentes sectores.
El incidente ocurrió en la ciudad amazónica de Santa Cruz de la Sierra, en el barrio Los Lotes, hasta donde Justiniano Saucedo, de 33 años de edad, acudió para obtener imágenes de un enfrentamiento entre vecinos que realizaban el paro con cierre de calles, y policías que despejaban los puntos de bloqueo.
“Los policías comenzaron a retirar llantas y palos ubicados sobre la vía, ante la protesta de los vecinos. Hubo detenidos y represión con agua lanzada (a presión por un carro antimotines). Yo estaba grabando para enviar imágenes en vivo, cuando siento el golpe en la pierna, me vuelco y veo a un uniformado de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) que bajaba la escopeta lanza-gases que acababa de utilizar contra mí”, sostuvo Justiniano Saucedo.
El camarógrafo, que recibió primeros auxilios de paramédicos que estaban en el lugar, consideró que el policía de la UTOP que lo hirió lo hizo deliberadamente “porque el proyectil me llegó directo, no es que rebotó del suelo. Le avisé al periodista Mario Rocabado con quien estaba haciendo la cobertura, él tomó fotografías de mi herida y me llevó a un centro de salud, donde descartaron complicaciones. Esto ocurrió a mediodía y por la noche todavía sentía dolor y permanecían los moretones”, agregó.
El paro fue convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, al que se han sumado diversos sectores como los médicos, transportistas, vendedores informales, comités cívicos, por considerar que la citada ley atenta contra la propiedad privada y faculta al Gobierno boliviano a intervenir, a simple sospecha, las cuentas bancarias y las comunicaciones personales, y abrir procesos contra cualquier ciudadano.
El gobierno del presidente Luis Arce Catacora ha descartado la abrogación de la Ley 1386 y afirma que no establece ningún tipo de sanción contra los gremiales, transportistas u otro sector, y los ministros y voceros gubernamentales señalan que se trata de una norma de coordinación interinstitucional entre entidades que dependen del Estado y el Poder Judicial.