Colombia, 25 de mayo del 2021 (FLIP) – La campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”, que fue lanzada el pasado 6 de mayo por el Ministerio de Defensa, va en contravía de los principios básicos de una sociedad democrática y tiene como intención censurar mediante la criminalización. Esta estrategia tiene un impacto directo en el periodismo, ya que mina las garantías de su ejercicio y pone en riesgo la seguridad física e integridad de los periodistas.
Desde su lanzamiento, las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa han reiterado que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando presuntamente labores de terrorismo. En sus publicaciones aparecen varios pantallazos de contenido de redes sociales con un gran rótulo que dice “FALSO” al tiempo que se dice que “el terrorismo digital es una peligrosa amenaza a la democracia”. Adicionalmente, la Policía Nacional emite boletines diarios de noticias falsas.
El 13 de mayo, la Policía Nacional publicó un video en el que asegura que se han identificado 86 contenidos falsos, dice que 43 de esos son en contra de la Policía y que “transmiten mensajes equivocados para llamar a la violencia y el desorden”. También asegura que el “centro cibernético de la policía ha realizado 733 solicitudes de suspensión, a la vez que 37 perfiles y 107 publicaciones han sido eliminadas”. El 23 de mayo, se presentó un nuevo informe que aumenta la presión contra la prensa y quienes difunden información relativa a la protesta. El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter el boletín de ciberpatrullaje sobre el paro nacional donde destaca haber señalado 111 noticias falsas mediante el ciberpatrullaje de redes sociales y haber generado más de 26.000 “acciones preventivas”.
La vigilancia del gobierno y el monitoreo sobre las conversaciones de ciudadanos permea la libertad para expresarse e impacta en lo que las personas escriben y discuten en redes sociales. De igual manera, esta campaña parte del supuesto que todos los usuarios de redes son posibles culpables de algún delito y por lo tanto deben ser vigilados, eliminando de esta manera la presunción de inocencia.
Estas acciones resultan aun más arbitrarias toda vez que estas se justifican sobre conceptos ambiguos e imprecisos, tales como “noticias falsas” o “terrorismo digital”. El gobierno ha decidido ignorar su obligación de garantizar la libertad de realizar críticas así como poder denunciar los abusos por parte de agentes públicos.
El pasado 15 de mayo la FLIP envió un derecho de petición, que aún no ha sido respondido, al Ministro de Defensa para conocer más información sobre esta campaña.
Para la FLIP, esta estrategia de captura del debate sobre el paro nacional es una afrenta a la libertad de expresión y de prensa por los siguientes motivos:
1- La amenaza del uso del derecho penal para desmotivar determinado cubrimiento es a todas luces contrario a los estándares interamericanos de protección de la libertad de prensa.
2- Es irresponsable el uso de la expresión “terrorismo digital” sin que haya una explicación clara y precisa sobre lo que se considera es este término. Sin dicha explicación, el uso de la expresión es un acto estigmatizante contra quienes han sido críticos del gobierno y, en especial, del Ministerio de Defensa. Hasta que la administración no dé una explicación ajustada a la Constitución sobre el uso de estas tecnologías para actividades que ponen en riesgo los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y sobre el uso de las categorías “ciberterrorismo”, “terrorismo digital”, “ciberpatrullaje” “cibermilitante”, las entenderemos como una etiqueta temeraria y peligrosa para la libre expresión y el debate público.
3- Es inocuo que un órgano del gobierno pretenda determinar la veracidad de una noticia, más aún, cuando no existen lineamientos previos y objetivos. Las autoridades administrativas no están llamadas a enjuiciar la información que produzcan terceros, sin perjuicio de que puedan contrastarla con la información oficial para promover el debate público.
4- Rotular de “falso” publicaciones en redes sociales, en las que aparecen fotos y nombres de usuario de cuentas, es discriminatorio cuando no hay parámetros a priori, claros y objetivos para calificar la información. A falta de ello, se puede generar riesgo a la integridad de quienes aparecen señalados en los pantallazos.
5- Categorizar según las opiniones expresadas en línea viola el derecho a la libertad de expresión, pues las opiniones no deben ser utilizadas para categorizar a la población, por tratarse de un dato sensible. De lo contrario, conlleva a una discriminación por orientación política, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución.
Por lo anterior, la FLIP insta a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a que vigilen estas estrategias del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, que exijan que la recolección y el procesamiento de comunicaciones digitales debe ser limitada en su alcance y que vigilen para que estos procedimientos de vigilancia sean sometidos a revisión pública e implementados de forma transparente.