(Bogotá, Colombia, 25 de mayo 2023 – FLIP) Expresamos nuestra preocupación por las amenazas y acoso en línea que ha recibido el periodista y creador de contenido Daniel Samper Ospina en los últimos dos meses. Estos ataques reiterados pretenden deslegitimar su trabajo y ponen en riesgo su integridad física y emocional.
Desde abril de este año, y casi a diario, el periodista ha estado recibiendo cientos de mensajes insultantes que contienen lenguaje despectivo y agresivo con el que atacan su apariencia física y le señalan sin pruebas de cometer delitos como violación o corrupción. Además, recibió dos amenazas a través de su Instagram y correo, el 5 y 24 de mayo, respectivamente. En uno de los mensajes amenazan con golpearlo por estar “difamando de Petro con argumentos tan falsos”. Y en el otro mensaje, le dicen que esperan “su pronta muerte” y que “debería estar preso como los uribestias”.
Los ataques que ha recibido Samper en los últimos meses configuran acoso en línea. Esta violencia afecta los espacios más personales de los y las periodistas, y tiene un impacto directo sobre su trabajo periodístico y libertad de expresión, pues pueden conducir a que se abstengan de participar en el debate de temas de interés público en espacios digitales.
Esta no es la primera vez que Samper es amenazado a través de redes sociales. En el 2018 un particular publicó mensajes amenazantes en Twitter, y aunque fue condenado, posteriormente fue absuelto en segunda instancia. Esa última decisión no reconoció el impacto de los mensajes violentos en línea contra la prensa porque desconoce las dinámicas propias de las interacciones en Internet.
Para la Corte Constitucional, la violencia en línea contra la prensa puede generar daños psicológicos, sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, autocensura y reducción de la movilidad tanto en línea como en espacios no digitales. Además, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido consistente en identificar que los actos de violencia contra periodistas generan un efecto amedrentador y vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información.
Hacemos un llamado a la Fiscalía para que investigue con diligencia el origen de los mensajes amenazantes contra el periodista. La impunidad en este tipo de casos promueve un ambiente de permisividad frente a este tipo de agresiones.