Honduras, 04 de septiembre, 2019 (Comité por la Libre Expresión).- En los últimos 13 días de agosto, el periodista Miguel Ángel Tróchez, fue víctima de acciones de extorsión, amenazas a muerte, y el pasado 01 de septiembre su vehículo fue incendiado en el departamento de Santa Bárbara, al noroccidente de Honduras.
Tróchez, tiene un espacio televisivo en el canal 24 (Paradise TV), donde presenta música del recuerdo, eventos de la localidad y noticias. Además, promociona casas comerciales y organiza eventos.
Le ha llegado una serie de mensajes enviados a su teléfono celular, en los que le pedían cinco mil y posteriormente ocho mil dólares.
“Yo empecé a recibir amenazas desde el 18 de agosto, pero no puse atención hasta el domingo pasado (01 de septiembre). Un día antes me llamaron y me dijeron que me iba a arrepentir por no haber cumplido, por no haber pagado lo que me pedían”, narró el comunicador santabarbarense a C-Libre.
En la madrugada del 01 de septiembre, su vehículo fue incendiado, provocando daños en la totalidad del mismo. “Me han quitado las piernas, mi fuente de trabajo, me ha dolido todo esto”, dijo Tóchez.
Un día antes de la quema del automóvil, recibió la llamada de un número desconocido en la que, aseguró el comunicador, “me iba a arrepentir por no haber cumplido”; en referencia a no acceder a pagar lo que exigían quienes le amenazaban.
Miguel Ángel Tróchez, interpuso denuncia ante la Dirección policial de Investigaciones (DPI), misma que no tiene resultado alguno hasta el momento.
De igual forma, su caso fue desestimado por el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos, tras alegar que “no existe un “nexo causal” entre su situación de riesgo con el ejercicio de su rol como comunicador, aunque se contradicen al considerarlo dentro de la población objeto de la ley de Protección, de acuerdo con la resolución, a la que accedió C-Libre.
La situación contra Tróchez, ocurrió menos de 24 horas posteriores al asesinato del periodista Edgar Joel Aguilar, corresponsal de Canal 6 en el vecino departamento de Copán.
C-Libre registró alertas similares de los periodistas Selvin López Anariba y Dulce Valle, quienes abandonaron el país a finales de febrero, por amenazas a muerte y extorsión. Y en Comayagua (zona central), Carlos Caballero, propietario en su momento de “Lajas Tv”, denunció amenazas en enero de 2019.
En su informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación”, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), menciona que la obligación de protección para un periodista en riesgo “puede satisfacerse mediante aplicación individual de las medidas necesarias para asegurar, entre otros, el derecho a la vida, integridad personal y la libertad de expresión de los beneficiarios”.
