Brasil, 21 de diciembre de 2020 (Abraji). – El 20.12.2020, Intercept Brasil informó que había recibido una orden judicial de la jueza sustituta del 3º Juzgado Civil de Florianópolis, Cleni Serly Rauen Vieira, que obligaba al medio a editar el texto y el vídeo del reportaje «El juicio de la influencer Mariana Ferrer termina con una tesis inédita de ‘violación culposa’ y un abogado humillando a la joven”. La determinación no tiene precedentes en el poder judicial brasileño y es una grave violación de la libertad de prensa.
El mandamiento judicial se concedió en el contexto de los procedimientos iniciados por el juez Rudson Marcos y el fiscal Thiago Carriço de Oliveira contra el medio de comunicación. Aunque el objeto del reportaje fueron las humillaciones infligidas por el abogado Cláudio Gastão da Rosa Filho a Mariana Ferrer, que acusó a su cliente de haberla violado, el juez y el fiscal fueron mencionados en el texto y aparecieron en el vídeo editado de la audiencia. Ambos fueron considerados responsables en las redes sociales y otros medios, junto con el abogado, del tratamiento que se le dio durante el juicio, pero decidieron pedir una reparación a Intercept Brasil.
Además, la periodista Schirlei Alves, autora del reportaje, también aparece como acusada en el proceso. La profesional ha sufrido ataques a su trabajo en las redes sociales y otras esferas desde la publicación. El 17 de diciembre de 2020, Abraji firmó una nota de apoyo a la reportera, junto con otras 50 organizaciones de la sociedad civil.
La concesión del derecho de respuesta es el instrumento que tradicionalmente aplica el poder judicial para reparar o limitar cualquier daño a la imagen causado por los reportajes. Sin embargo, la interferencia directa en la redacción de textos periodísticos no tiene precedentes y es extremadamente preocupante. Los magistrados y otras autoridades no tienen prerrogativas legales, autorización constitucional o capacidad técnica para editar noticias.
Los tribunales superiores no deben permitir que esa aberración jurídica prospere en el poder judicial brasileño, a riesgo de crear precedentes peligrosos para la libertad de expresión y de prensa.