Las organizaciones que integramos el colectivo Voces del Sur rechazamos la orden de “restituir el orden público” emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala hace unas horas, solicitando asegurar la “integridad física de los trabajadores y usuarios” del Ministerio Público, en un plazo no mayor a 6 horas.
Este comunicado fue publicado el día de hoy, informado a la opinión pública de este ordenamiento dirigido al actual encargado de la Secretaría de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil debido al prolongamiento del plantón ubicado frente a la sede Ministerio Público en el Barrio Gerona, el cual se encuentra en la zona Centro de Ciudad de Guatemala.
Desde el pasado 2 de octubre, las comunidades ancestrales y la organización conocida como los 48 cantones impulsaron un Paro Nacional, luego de que se incrementaran las acciones de judicialización a partir de los resultados del proceso electoral, con el fin de socavar el triunfo del Partido Semilla. El Paro Nacional ha sido acuerpado y ha tenido eco en varios sectores de la población guatemalteca que piden el respeto al voto popular. A ello han sumado la demanda de poner fin al régimen de corrupción e impunidad que impera debido a la cooptación del sistema de justicia y los actos de criminalización encabezados por la Fiscal General del país, Consuelo Porras. El Paro Nacional y las diferentes manifestaciones en apoyo, piden la renuncia de Consuelo Porras y su séquito, también conocido como “Pacto de corruptos”, por conducir a Guatemala a la crisis actual.
Preocupa, que se asuman medidas excesivas e inconstitucionales con apoyo del “Ministerio de Defensa Nacional por medio del ejército de Guatemala” en contra de las personas que continúan manifestándose de forma pacífica, a la par de los más recientes hechos de agresión contra manifestantes por parte de grupos armados y el asesinato de un manifestante en Malacatán el pasado 16 de octubre, por integrantes de estos grupos.
Además, la Red Rompe el Miedo ha mantenido un monitoreo de las condiciones de la prensa en esta jornada de protestas y es notorio el aumento de ataques en contra del gremio de periodistas y comunicadoras por sus coberturas en el marco del Paro Nacional, no solo por parte de personas que se han infiltrado en las manifestaciones sino también por miembros de la Policía Nacional Civil.
Hasta el día de hoy se han reportado un total de 9 incidentes contra la prensa, entre los que se cuentan al menos 5 agresiones físicas que afectaron a personas periodistas de medios independientes así como de Noti7, Guatevisión y No ficción. Uno de estos registros implica a un grupo de periodistas en la Plaza Central de la Ciudad Capital, por lo que más de una persona periodista fue afectada. Se reportan además casos de intimidación y hackeo, este último en contra de un medio integrante de la Red Rompe el Miedo, Factor 4, así como campañas de difamación en redes sociales.
Reiteramos al Estado guatemalteco que es su deber velar por los derechos de las personas manifestantes de su país y que debe mantenerse en la línea del respeto a los derechos humanos ante un contexto en el que la democracia se deteriora. Guatemala ha firmado convenios internacionales que avalan y preveen el derecho de reunión y manifestación pacífica como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 20 así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 12, el cual menciona que “Se reconoce el derecho de reunión pacífica.” y que solo podrá limitarse por “las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática”.
De la misma manera, el derecho a la libertad de expresión se encuentra respaldado por convenios internacionales y algunos otros de los que Guatemala forma parte. Cualquier acción que dañe la integridad de las personas que forman parte de los bloqueos o protestas pacíficas, o su cobertura, es un acto que atenta contra el derecho internacional y es anticonstitucional a nivel nacional.
Sobre la alusión implícita al uso de la fuerza en la petición de la Corte de Constitucionalidad, advertimos que, como lo indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe ser: “[…] un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. Dentro de ese marco caracterizado por la excepcionalidad, tanto la Comisión como la Corte IDH, han coincidido en que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”
En este sentido, hacemos una condena pública por los actos de violencia en contra de la manifestación pacífica y libertad de expresión alentados desde las instituciones de gobierno del país, principalmente, por parte de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, así como el presidente Alejandro Giammattei. Pedimos el cese de las intimidaciones y agresiones físicas en contra de personas manifestantes así como comunicadoras y periodistas.
Hacemos un llamado a que la persona a cargo de la Secretaría de Gobernación y el Director de la Policía Nacional Civil, a que eviten un mayor deterioro democrático, recurriendo a medidas desproporcionadas e innecesarias, al acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad, para así garantizar el respeto a la libertad de expresión y manifestación pacíficas previstas en la Constitución de Guatemala.
Las organizaciones que integramos el colectivo Voces del Sur rechazamos la orden de “restituir el orden público” emitida por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala hace unas horas, solicitando asegurar la “integridad física de los trabajadores y usuarios” del Ministerio Público, en un plazo no mayor a 6 horas.
Este comunicado fue publicado el día de hoy, informado a la opinión pública de este ordenamiento dirigido al actual encargado de la Secretaría de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil debido al prolongamiento del plantón ubicado frente a la sede Ministerio Público en el Barrio Gerona, el cual se encuentra en la zona Centro de Ciudad de Guatemala.
Desde el pasado 2 de octubre, las comunidades ancestrales y la organización conocida como los 48 cantones impulsaron un Paro Nacional, luego de que se incrementaran las acciones de judicialización a partir de los resultados del proceso electoral, con el fin de socavar el triunfo del Partido Semilla. El Paro Nacional ha sido acuerpado y ha tenido eco en varios sectores de la población guatemalteca que piden el respeto al voto popular. A ello han sumado la demanda de poner fin al régimen de corrupción e impunidad que impera debido a la cooptación del sistema de justicia y los actos de criminalización encabezados por la Fiscal General del país, Consuelo Porras. El Paro Nacional y las diferentes manifestaciones en apoyo, piden la renuncia de Consuelo Porras y su séquito, también conocido como “Pacto de corruptos”, por conducir a Guatemala a la crisis actual.
Preocupa, que se asuman medidas excesivas e inconstitucionales con apoyo del “Ministerio de Defensa Nacional por medio del ejército de Guatemala” en contra de las personas que continúan manifestándose de forma pacífica, a la par de los más recientes hechos de agresión contra manifestantes por parte de grupos armados y el asesinato de un manifestante en Malacatán el pasado 16 de octubre, por integrantes de estos grupos.
Además, la Red Rompe el Miedo ha mantenido un monitoreo de las condiciones de la prensa en esta jornada de protestas y es notorio el aumento de ataques en contra del gremio de periodistas y comunicadoras por sus coberturas en el marco del Paro Nacional, no solo por parte de personas que se han infiltrado en las manifestaciones sino también por miembros de la Policía Nacional Civil.
Hasta el día de hoy se han reportado un total de 9 incidentes contra la prensa, entre los que se cuentan al menos 5 agresiones físicas que afectaron a personas periodistas de medios independientes así como de Noti7, Guatevisión y No ficción. Uno de estos registros implica a un grupo de periodistas en la Plaza Central de la Ciudad Capital, por lo que más de una persona periodista fue afectada. Se reportan además casos de intimidación y hackeo, este último en contra de un medio integrante de la Red Rompe el Miedo, Factor 4, así como campañas de difamación en redes sociales.
Reiteramos al Estado guatemalteco que es su deber velar por los derechos de las personas manifestantes de su país y que debe mantenerse en la línea del respeto a los derechos humanos ante un contexto en el que la democracia se deteriora. Guatemala ha firmado convenios internacionales que avalan y preveen el derecho de reunión y manifestación pacífica como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 20 así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 12, el cual menciona que “Se reconoce el derecho de reunión pacífica.” y que solo podrá limitarse por “las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática”.
De la misma manera, el derecho a la libertad de expresión se encuentra respaldado por convenios internacionales y algunos otros de los que Guatemala forma parte. Cualquier acción que dañe la integridad de las personas que forman parte de los bloqueos o protestas pacíficas, o su cobertura, es un acto que atenta contra el derecho internacional y es anticonstitucional a nivel nacional.
Sobre la alusión implícita al uso de la fuerza en la petición de la Corte de Constitucionalidad, advertimos que, como lo indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe ser: “[…] un recurso último que, limitado cualitativa y cuantitativamente, pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. Dentro de ese marco caracterizado por la excepcionalidad, tanto la Comisión como la Corte IDH, han coincidido en que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”
En este sentido, hacemos una condena pública por los actos de violencia en contra de la manifestación pacífica y libertad de expresión alentados desde las instituciones de gobierno del país, principalmente, por parte de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, así como el presidente Alejandro Giammattei. Pedimos el cese de las intimidaciones y agresiones físicas en contra de personas manifestantes así como comunicadoras y periodistas.
Hacemos un llamado a que la persona a cargo de la Secretaría de Gobernación y el Director de la Policía Nacional Civil, a que eviten un mayor deterioro democrático, recurriendo a medidas desproporcionadas e innecesarias, al acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad, para así garantizar el respeto a la libertad de expresión y manifestación pacíficas previstas en la Constitución de Guatemala.
Firman las organizaciones de la Red:
Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina)
Asociación Nacional de la Prensa, ANP (Bolivia)
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil)
Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC. (Chile)
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia)
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX (Costa Rica)
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP (Cuba)
FUNDAMEDIOS (Ecuador y Estados Unidos)
Asociación de Periodistas de El Salvador, APES (El Salvador)
Instituto DEMOS (Guatemala)
Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE (Honduras)
ARTICLE 19 (México y Centroamérica)
Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia FLED (Nicaragua)
Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA (Paraguay)
Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú)
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CA-INFO (Uruguay)
Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPYSVe (Venezuela)
América Latina, 18 de octubre de 2023