Honduras, 20 de julio, 2020 (C-Libre). – El periodista David Romero, falleció en horas de la mañana de este sábado 18 de julio, luego de permanecer cerca de 13 días hospitalizado, a causa del COVID-19. Se trata del primer periodista hondureño que cumplía una condena de 10 años de privación de la libertad, por delitos contra el honor y delitos de difamación constitutivas de injurias.
A las 7:45 de la mañana, la emisión sabatina de “Noticias Radio Globo”, confirmó el fallecimiento de Romero, quien fuera capturado dentro del edificio donde funciona la radio, hace 16 meses, a causa de un proceso penal que culminó en una condena por 7 delitos de difamación. Romero se encontraba privado de su libertad desde el 28 de marzo de 2019.
El periodista, fungía como director de Radio Globo y del diario digital www.confidencialhn.com Medios de comunicación que denunciaron acciones restrictivas a la libertad de expresión, luego que el gobierno hondureño instaurara la suspensión de garantías constitucionales, el pasado 16 de marzo del presente año.
Desde el 05 de julio, Romero de 65 años, fue trasladado desde la cárcel situada en el Segundo Batallón Táctico Aerotransportado, de Támara, al norte de la capital hondureña. Con un cuadro de fiebre, dificultad respiratoria y dolor de cabeza.
Luego de sufrir un paro respiratorio, el 11 de julio, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax). La familia ha sostenido que su traslado fue tardío, puesto que el periodista formaba parte del grupo de personas con mayor riesgo.
Hasta la fecha, las circunstancias del contagio no fueron aclaradas por ninguna de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que suspendió desde hacía varios meses las visitas, tras declarada la pandemia. No obstante, se informó que se practicaron pruebas de detección del mencionado virus a personas privadas de libertad, entre ellas Romero Ellner, pero todos los test dieron negativo.
Por tal razón su viuda, Lidieth Díaz, horas antes de su muerte, denunció desde su cuenta de Twitter “No tengo fuerzas para describir lo que siento. A mi esposo lo contagiaron de COVID-19 el gobierno a través de la comida, pusieron el virus en los alimentos por decir la verdad. Es una pena e impotencia que da saber que una dictadura ilegal mata a los mejores ciudadanos”.
Cabe señalar que el periodista debió recobrar su libertad desde el pasado 25 de junio, pero permanecía a la espera de la celebración de la audiencia que autorice su salida de prisión, luego de que su apoderado legal, Darwin García, interpusiera la revisión de medidas a favor de Romero, tras la entrada en vigencia el nuevo Código Penal, esta acción nunca se concretó.
Con la entrada en vigencia en junio del presente año del nuevo Código Penal, el que no contempla el tipo penal de difamación y el delito de injurias con una pena distinta a la privativa de la libertad, habilitaba a Romero para hacer uso del principio de retroactividad de la norma penal y así poder salir con libertad.
La condena de Romero, marco el precedente más grande por este tipo de delitos que afectan directamente el derecho de libertad de expresión, no solo a nivel nacional, si no, a nivel regional. El Sistema Interamericano a establecido a través de sus informes, la necesidad de dirimir este tipo de conflictos en donde está en juego la libertad de expresión por vías menos gravosas que la vía penal, precisamente por la vía civil.
Puntualmente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos recomendó al Estado de Honduras la despenalización de los delitos contra el honor, vale mencionar que Honduras es de los pocos países que aún sostiene en su Código Penal los delitos de esta naturaleza.
Según los expertos en derecho penal, Corte Suprema de Justicia (CSJ), falló al principio de proporcionalidad de las penas, ya que la condena interpuesta es muy superior al daño causado sobre el bien jurídico tutelado, en este caso el honor, por lo que podemos afirmar que más allá de ser una sentencia jurídica, fue una sentencia con un alto nivel político.
Los acontecimientos posteriores a su encierro son determinantes para establecer que esa privación de la libertad tenía un sentido político más allá de lo meramente jurídico. Hacia medidos de 2019, la esposa de Romero y también periodista Liditeh Díaz, también había denunciado acciones de intimidación y hostigamiento cuando este le contó que «a su celda entró un miembro de los militares a revisar el lugar, a hostigarlo y perseguirlo, argumentando que era por orden de superiores».
Las acciones de hostigamiento fueron continuas, según la denuncia interpuesta también a finales de 2019, “el subdirector del sistema penitenciario, German McNeil, mantiene una campaña de hostigamiento selectivo contra el director de Radio Globo y ConfidencialHN, David Romero, al practicarle de manera arbitraria operativos a fin de poner su vida en peligro”, denunció el miércoles 11 de diciembre del año anterior, la periodista Díaz.
Romero marcó historia en la comunicación nacional al oponerse el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 y abanderar investigaciones periodistas sobre cosos de corrupción emblemáticos como el ocurrido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), sobre la detención de Romero, expresó por medio de su coordinadora para las américas, Natalie Southwick, sobre el hecho que: “demuestra lo lejos que Honduras se encuentra del creciente consenso internacional en el sentido de que tales casos no deben juzgarse en el ámbito penal”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE-CIDH), manifestó su consternación con la familia del comunicador.
La CIDH, a través de su cuenta en twitter, llamó al Estado a que cumpla con las obligaciones cautelares vigentes, ya que Romero era beneficiario de medidas cautelares, de acuerdo con su resolución 15/19, donde se solicita “que se suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria.
De acuerdo con el registro de C-Libre, seis trabajadores y las trabajadoras de medios que fallecieron por COVID-19 en Honduras.
El subdirector de comunicación e información de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Moez Chackchouk, puntualizó que “los Estados y los actores titulares de deberes deben garantizar la seguridad de sus periodistas en la cobertura de la crisis sanitaria y de sus repercusiones sociales, de conformidad con las normas internacionales sobre la libertad de expresión”.