La Paz, 03 jun (ANP) – El periodista que denunció una compra presuntamente sobrevaluada de productos químicos para dispersar manifestaciones, Junior Arias, se acogió ayer a una licencia temporal que le concedió el canal de televisión privado Gigavisión bajo el temor de represalias por sucesivas denuncias de corrupción.
“Es una medida para precautelar la seguridad de nuestras familias, para precautelar la integridad física de quienes componemos esta red de televisión. Lamento la cobardía y el abuso de poder de este gobierno, que no tiene límites pero sí tiene fecha de expiración”, afirmó el periodista al cesar en sus actividades al mediodía de ayer.
Tanto el periodista que cumple las funciones de jefe nacional de prensa de Gigavisión, como el director del medio, Jorge Arias, informaron que indagarán sobre la veracidad de las amenazas contra su círculo familiar. “Si se confirman las amenazas, nos vamos a defender”, declaró el responsable del canal de televisión.
Tras la denuncia de un supuesto sobreprecio en la compra de agentes químicos, el ministerio de la seguridad interna emitió un comunicado con un rechazo a la versión del periodista y anunció que no “descansará” hasta obtener una rectificación. El mensaje fue interpretado por el comunicador como una amenaza.
Preocupación en la RELE
“Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios”, declaró el relator especial la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, al conocer la respuesta gubernamental a la denuncia del periodista.
“Calificar de hacer ‘guerra sucia’ o ‘guerra política’ a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo”, señaló Lanza el lunes 1 de junio en su cuenta de Twitter.
La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó en su cuenta de Twitter que “en un sistema democrático las autoridades están sometidas a un mayor escrutinio público y deben favorecer el debate en un clima de apertura al trabajo de la prensa”.
“Los periodistas que investigan presuntos actos de corrupción no deben ser blanco de hostigamiento o acoso. El Estado debe abstenerse de reacciones desproporcionadas que puedan generar un efecto inhibitorio o silenciador en la prensa. Los señalamientos de presuntos actos indebidos deben recibirse con más y no con menos debate. En beneficio del interés público, la respuesta de las autoridades debe consistir en proveer la información que dispongan para arrojar luz sobre la acción noticiosa”, señaló la OACNUDH.
El director ejecutivo de la organización Americas Division Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, advirtió en el contenido del comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno “Una amenaza para toda la prensa de Bolivia”.
A través de su cuenta de Twitter, Vivanco expresó: el Ministerio de Gobierno dice que la denuncia de @RedGigavisión de supuesto sobreprecio en un contrato sin licitación es falsa. Pero no publica documentos que lo demuestren, sino que acusa al periodista de guerra sucia y guerra política. Es una amenaza para toda la prensa de Bolivia.
Además de la compra de agentes químicos para la policía, Arias denunció presuntos actos administrativos irregulares en la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Gerencia Distrital 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, así como el uso de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) por parte de la hija de la presidenta Jeanine Áñez y el ministro Yerko Núñez.