La Paz, 15 may (ANP) – En reunión de gabinete, el gobierno derogó ayer las restricciones a la libertad de expresión contenidas en tres decretos emitidos como emergencia de la pandemia del covid-19, que fueron rechazados por organizaciones periodísticas y líderes de opinión.
En un mensaje de la Misión Permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el gobierno informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atendió “ciertas inquietudes” respecto a decretos promulgados en el marco de emergencia nacional y cuarentena contra el contagio del coronavirus. La comunicación ratifica el respeto a la libertad de expresión.
En su cuenta de Twitter, el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, saludó la decisión “que desactiva amenaza a libertad de expresión en Bolivia”. En diálogo con el gobierno y en línea con las recomendaciones de la Relatoría Especial de la CIDH, el ejecutivo dejó sin efecto la criminalización de la desinformación sobre covid-19. Solicitamos revisar procesos o condenas, expresó Lanza.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales diarios, a revistas especializadas y a la Agencia de Noticias Fides (ANF) destacó la medida y convocó a todos los sectores a ejercer el derecho constitucional con la mayor responsabilidad, mucho más en momentos en que la salud pública está en riesgo.
La Misión en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió la derogatoria de disposiciones que restringían la libertad de expresión con motivo de la pandemia. “Se reconoce la apertura y disposición de las autoridades a las preocupaciones de actores nacionales e internacionales”, expresa el mensaje.
Acerca de los argumentos señalados por el gobierno para emitir el decreto cuestionado, la representación señala que “la desinformación, que a todas y todos nos preocupa, se combate mediante la difusión de información fiable y accesible, en un contexto de deliberación democrática y respeto irrestricto a los derechos humanos”.
Recomendó emplear la información precisa, clara y basada en la evidencia proveniente de fuentes en las que la gente confía para “contrarrestar el discurso dañino y proteger la libertad de expresión”.
El texto de la disposición derogada que estaba incluido en el Decreto 4231 era el siguiente:
“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.”