Venezuela, 23 de marzo de 2020 (IPYS Venezuela) -. El jueves 19 de marzo tribunales dictaron privativa de libertad bajo arresto domiciliario al dirigente del área de salud por Voluntad Popular (VP) en el estado Monagas, Julio César Molinos, de 72 años de edad, luego de ser imputado por los delitos de incitación al pánico y la zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio, debido a una denuncia que hizo a través de sus redes sociales sobre las condiciones del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, centro de salud centinela para atender casos sospechosos de COVID-19 en dicha entidad.
Molinos se encontraba detenido en la sede de la Policía de Monagas en Juanico, al este de Maturín, desde el lunes 16 de marzo. La detención fue ejecutada por el Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El trabajador de la salud Julio Molino en el estado #Monagas actualmente se encuentra en tribunales para la audiencia de presentación. Detenido por exigir mejores condiciones de trabajo
— PROVEA (@_Provea) March 19, 2020
Se conoció que la audiencia de presentación fue realizada el jueves en el Tribunal Tercero de Control de Monagas, durante la cual la fiscal cuarta Anlli Jiménez fue quien imputó los delitos y solicitó la privación de libertad, mientras que el juzgado acordó que la medida se ejecutara bajo la modalidad de detención domiciliaria. Su defensa es llevada por el Foro Penal Capítulo Monagas.
La enfermera Maglys Mendoza y el educador Carlos Carmona, quienes igualmente alertaron la situación del recinto hospitalario, también están siendo perseguidos por las autoridades policiales del estado.
IPYS Venezuela reitera su preocupación ante la imputación de delitos que representan una contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública. La aplicación de estos procesos judiciales solo busca censurar a los ciudadanos, a los medios de comunicación social y a sus trabajadores. De acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estos hechos constituyen una criminalización de la libertad de expresión.