Honduras, 14 de marzo 2019 (Comité por la Libre Expresión).- Por grabar con su teléfono celular la agresión de un guardia contra unos niños, la comunicadora social Nancy García, fue atacada la tarde del martes 12 de marzo, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por un miembro de la empresa de seguridad privada “CNK”.
En un video que publicó el Movimiento Amplio Universitario (MAU- CU) a través de redes sociales, se observa como el guardia, identificado como Selvin Antonio Moncada, al ser grabado por la estudiante de periodismo, se abalanza violentamente hacia ella y le arrebata el teléfono celular.
Posteriormente fue golpeada en su rostro, brazo y pierna. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, denunció que el guardia de seguridad cargó su arma y apuntó hacia la comunicadora.
García está organizada en el MAU-CU y forma parte del Colectivo “Josefa Lastiri”. Producto de su liderazgo y militancia en el Movimiento Estudiantil, fue criminalizada por las autoridades universitarias desde mayo de 2017, bajo la rectoría de Julieta Castellanos.
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La Red de Defensoras detalló en una alerta, que la joven comunicadora se avocó tanto al Comisionado Universitario de la UNAH y a la Jefatura Metropolitana No. 1 (Core 7) a presentar denuncia por los hechos en su contra. En la estación policial estuvo cerca de cuatro horas a la espera de ser examinada por Medicina Forense.
La Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada CNK S de R. L. comenzó operaciones desde el mes de octubre del año 2018, luego de la firma del contrato No. 09-2018-SEAF-UNAH, por el rector Francisco Herrera. Bajo un costo de treinta y tres millones veinticuatro mil lempiras (L. 33, 024,000.00) por un año; mensualmente la UNAH erogará a la empresa 2 millones setecientos cincuenta y dos mil lempiras (L. 2, 752, 000.00).
Cabe señalar que, la UNAH emitió un comunicado en el que ni siquiera menciona la agresión hacia la estudiante y comunicadora; sin embargo, justifica las acciones violentas de la empresa de seguridad privada.
Las acciones de agresión de parte de guardias de seguridad privada contratados por la máxima casa de estudios no son nuevas, aunque las empresas se cobijen bajo distintos nombres para atacar a quienes hacen uso de su derecho a la libertad de protesta, libertad de prensa y libertad de expresión. Al grado que representantes de la seguridad público-privado hasta sirven de testigos judiciales para criminalizar a estudiantes y defensores de derechos humanos.
Recientemente, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (RELE-CIDH), publicó el informe “Mujeres periodistas y libertad de expresión”, en donde expone sobre la violencia hacia las mujeres periodistas no son actos aislados; “sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres, que tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres ante los hombres”.