Los Ángeles, 9 de marzo de 2023. Un grupo de defensores de los Derechos Humanos, en representación de la Red Voces del Sur (VDS), participó en Los Ángeles de la audiencia denominada: ‘Protección de personas defensoras y periodistas en la región’, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este espacio expusieron la violencia letal que enfrentan los periodistas en América Latina.
Paula Saucedo, de Artículo 19 México, como vocera de Red, expuso algunos datos: América Latina es el continente más letal y peligroso para la prensa, pues desde 2018, VDS registró 83 asesinatos; de esos, 39 ocurrieron en 2022, con un crecimiento de 225%, si se compara con los 12 casos en 2021. Además, en 2022 la Red registró 4,699 alertas por violaciones a la libertad de expresión. Esto significa, 12 reportes de agresiones por día: es decir, se agrede a periodistas en promedio cada 2 horas.
Como ejemplos de la violencia que vive la región está México, pues en 9 de los 12 homicidios de 2022, se identifica a integrantes del crimen organizado como posibles autores materiales, los cuales operan en vínculo con las autoridades. En Colombia, 163 periodistas han sido asesinados en los últimos 40 años, el 70% se encuentra relacionado con el crimen organizado.
En Haití, no existe garantía para trabajar, la prensa ha intentado reportar y cubrir los violentos enfrentamientos entre bandas criminales o pandillas. En Honduras, la violencia se dirige, en su mayoría, contra periodistas que cubren corrupción o grupos delincuenciales, lo que ha resultado en 98 asesinatos a periodistas, de los cuales el 89% sigue impune. Y en Brasil se vivió un 2022 sumido en la violencia contra la prensa, con 789 periodistas agredidos debido a su oficio.
Además, como ejemplo de la violencia en la región, VDS destacó el caso #NosFaltanTres, donde secuestraron y asesinaron a Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, del diario El Comercio, de Ecuador, en la frontera colombo-ecuatoriana. En Colombia, los juicios avanzaron, pero en Ecuador, las investigaciones están detenidas.
Jonathan Bock, de la FLIP, recordó que el Estado es el principal agresor contra la libertad de expresión en la región, con 8.139 casos. En Cuba, según el Iclep, en el 99,4% de los casos de 2022, fue el Estado el agresor. Se registraron 208 detenciones arbitrarias.
Centroamérica también vive una arremetida contra la libertad de expresión, lo que ha provocado que la gran mayoría de periodistas de esos países se encuentren en el exilio o censurados. En Nicaragua, 178 periodistas han salido del país desde 2018. De los 14 periodistas y trabajadores de la comunicación que se encontraban detenidos por el régimen de Daniel Ortega, 13 fueron excarcelados este año, junto con 209 presos políticos, tras una reforma constitucional, pero despojados de sus derechos civiles y políticos.
En Guatemala, los poderes políticos y económicos aliados con el sistema de justicia llevaron adelante una persecución contra periodistas que han revelado casos de corrupción, como José Rubén Zamora. En El Salvador, 11 periodistas han sido obligados a salir de su país en calidad de exiliados y fue el Estado el mayor agresor contra la libertad de expresión, con 67 casos durante 2022.
En cuanto a las agresiones, de 2018 a 2022, la Red reportó 6.540 ataques contra la prensa y trabajadores de la comunicación. Sólo en el último año se dieron 1.857 alertas por este tipo de indicador. En Perú, desde el 07 de diciembre de 2022 hasta la actualidad, se han registrado 172 agresiones en medio de las protestas. Los principales agresores han sido manifestantes, pero también la Policía.
Otro de los temas expuestos fue la vigilancia y el espionaje que las fuerzas de seguridad de los estados, que se continúa desplegando de manera ilegal para violar la privacidad de periodistas. En El Salvador, en 2022 se registraron 24 casos de espionaje y hackeos a periodistas y medios de comunicación. Además, la organización APES alertó que más de 30 periodistas estaban siendo infiltrados por el software Pegasus. Este malware también fue parte del espionaje a periodistas en México. En Colombia, la organización FLIP tuvo acceso a documentos que revelan que el Estado utiliza software espía para vigilar las investigaciones sobre las fuerzas del orden. Se justificaron estas prácticas señalando que se trata de “seguridad nacional”.
Por su parte, Angélica Cárcamo, de APES, recordó que la seguridad de periodistas es una obligación estatal que involucra la prevención, protección y procuración de justicia, pero que, lastimosamente, estas obligaciones no han sido cumplidas y los estados deben adoptar marcos institucionales adecuados para investigar y juzgar estos delitos, y contar con unidades de investigación especializadas en libertad de expresión.
Al final de la audiencia, la Red VDS exhortó a los estados a investigar las muertes de periodistas, con la finalidad de vencer la impunidad que las rodea; solicitó al Gobierno de Honduras la derogación de las figuras penales de injuria y calumnia, en virtud de que actualmente siguen siendo usadas como una forma de limitar el periodismo. También, exigieron el cese de la persecución judicial contra periodistas y la libertad para los que están detenidos. Entre las peticiones también constan acciones concretas de legitimación de la labor periodística, así como la creación de planes que busquen combatir la estigmatización contra la prensa. También, que el Mecanismo de Acciones Conjuntas CIDH-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publique un informe sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas a ser adoptadas por los mecanismos de protección.
Una de las reflexiones externas a VDS más importantes dentro de la audiencia fue la de Guillermo Fernández, de la Organización de Naciones Unidas, quien realizó un homenaje a defensores de Derechos Humanos y periodistas cuya labor “debe ser respaldada y protegida”. Recordó que en América Latina y El Caribe se cometieron tres de cada cuatro asesinatos de defensores de Derechos Humanos en el mundo. “No es aceptable que los defensores de Derechos Humanos se vean expuestos a estos riesgos y vulneración”, dijo, y aseguró que es indispensable que los estados generen mecanismos de protección para periodistas con un enfoque preventivo y diferenciado.
Las 17 organizaciones de la Red Voces del Sur continuarán alertando de las agresiones contra la libertad de expresión en América Latina y generando mecanismos para dar a conocer a los organismos de Derechos Humanos la encrucijada que atraviesa la prensa en la región.