Santa Cruz, 20 Dic. (ANP) – El gobierno municipal de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra anuló una comunicación interna, emitida el 14 de diciembre de 2021 para funcionarios de alto rango, por la que prohibió la entrega de información o documentos a los periodistas y legisladores sobre procesos administrativos.
El alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, en el instructivo dirigido a secretarios y directores municipales, amenazó con sanciones a los que entregaran informes y declaró “enteramente confidencial” los procesos administrativos abiertos, en los días que se descubrió una red de corrupción que otorgó ítems en esa alcaldía a 800 personas que cobraron sueldo sin trabajar, entre 2009 y 2018.
El documento, emitido el 8 de diciembre y con sello de recepción del 14 de diciembre en las oficinas públicas, fue filtrado a los medios de información y generó protestas entre la población, legisladores y periodistas.
Las opiniones consideran al instructivo como una restricción a la libertad de prensa, al derecho de acceso a la información señalado en el Decreto 28168 y la Constitución Política del Estado (CPE).
El 18 de diciembre, el mismo alcalde Fernández señaló que la prohibición quedaba suspendida y nombró como portavoces del denominado ‘caso ítems fantasmas’ a dos funcionarios, el director jurídico Ever Mérida y la responsable de Transparencia del gobierno municipal, Adriana Pedraza.
Un día antes, el Alcalde mediante un comunicado público había intentado justificar la restricción con el argumento de que al mantener en reserva la información se pretendía evitar entorpecer las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía y que han permitido detener a uno de los acusados de la red de corrupción.
El caso de los ‘ítems fantasmas’ en el Gobierno Municipal de Santa Cruz ha destapado una ola de casos similares en instituciones públicas del resto del país, como la Caja Nacional de Salud en La Paz, la Alcaldía de Warnes, entre otros.