Brasil, 14 de diciembre de 2021 (Abraji). – Acompañado por dos servidores públicos, el concejal de Amazonas Rosinaldo Bual (PMN) expulsó, el lunes por la mañana (13.dez.2021), una reportera fotográfica que estaba trabajando en la galería del Ayuntamiento de Manaus (CMM). Su oficina dijo que van a demandar a la profesional y el medio para el que presta servicios, el sitio Manaus 360º. Un reportaje de Manaus 360 ° publicado el mismo día mostró que el concejal era uno de los parlamentarios que se había distraído con el teléfono mientras se realizaba la sesión. El nombre de la profesional no fue revelado.
La directora ejecutiva de Manaus 360º, Cynthia Blink, dijo en una entrevista a la revista Cenarium que «el parlamentario llegó a la fotógrafa y dijo que [ella] no podía quedarse allí, y uno de los servidores incluso dijo que ‘esto se convertirá ahora en un ‘Gran Hermano'». Desde allí, la reportera gráfica fue escoltada fuera de la galería hasta la sala de prensa del Ayuntamiento, desde donde no pudo seguir la sesión. En un comunicado, el sitio calificó la actitud de «cobarde» y anunció que tomará las medidas oportunas.
Antiguo sargento del Ejército, Bual está en su segundo mandato. Su asesoría informó que sólo se manifestará en los tribunales. Juliana Hurbano, su abogada, dijo que está redactando una demanda civil contra el fotógrafo y el sitio web, que lo captó tomándose selfies durante la sesión. Abraji también se puso en contacto con la presidencia del Ayuntamiento de Manaus, que dijo no tener información sobre la expulsión del profesional de la prensa. El actual presidente de la junta, el concejal David Reis (Avante), declinó hacer comentarios.
Abraji subraya que la fotógrafa no podría haber sido expulsada de un espacio público, como la galería, ya que no estaba cometiendo ninguna infracción. Es urgente que el presidente de la cámara y la Oficina de Procedimientos Internos se manifiesten y tomen medidas para que no se restrinja la libertad de prensa.
Los parlamentarios y los agentes públicos están sujetos al escrutinio público y, por lo tanto, deben dar cuenta de sus acciones a la sociedad. Dicha práctica, además de no ajustarse a ninguna disposición del reglamento interno de la cámara ni a ninguna otra normativa, viola el derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho de los ciudadanos a ser informados de las actividades de los representantes que han elegido.