Santa Cruz, 31 Oct. (ANP) – Trabajadores de la prensa de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra realizaron una marcha el 29 de octubre para demandar garantías en el desempeño laboral y libertad de prensa, luego que un grupo armado secuestró y torturó a 17 personas, incluidos periodistas, policías y civiles, en la provincia de Guarayos, zona de producción agrícola ubicada a 200 kilómetros de la ciudad amazónica de Santa Cruz de la Sierra.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los medios impresos de Bolivia reclamó una investigación, enjuiciamiento y sanción a los secuestradores y torturadores de las personas que llegaron hasta la zona agrícola, el pasado jueves 28 de octubre.
La Fiscalía General del Estado anunció que abrió una investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad.
La protesta gremial tuvo lugar en la plaza principal de la capital cruceña y los comunicadores portaban pancartas y letreros para exigir que el gobierno del presidente Luis Arce Catacora realice una investigación oficial y aplique sanciones.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez Herrera, lamentó que “las autoridades de Gobierno demoren tanto en tomar acciones para capturar a los responsables de los delitos de intento de homicidio, privación de libertad y daño a la propiedad privada. Urge identificar, capturar y llevar a la cárcel a los autores de estas agresiones contra los periodistas y también contra los ciudadanos en general, porque hay cuatro personas que han sido heridas de bala”, destacó.
Entretanto, el comité ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) emitió un pronunciamiento para repudiar las acciones violentas contra siete comunicadores, “en un evidente atentado contra la vida, la libertad de prensa, expresión e información, derecho al trabajo”, a tiempo de pedir a las autoridades identificar a los responsables y aplicar las máximas sanciones establecidas en la legislación boliviana.
También demandó al gobierno nacional “cumplir con las garantías constitucionales para el ejercicio de la cobertura informativa de los trabajadores de la prensa”.
Los periodistas bolivianos fueron secuestrados al mediodía del 28 de octubre, y liberados en la noche, junto a policías y trabajadores de la propiedad agrícola Las Londras, donde los comunicadores habían llegado para realizar la cobertura de un incidente que el día anterior causó heridas de bala a cuatro trabajadores que fueron atacados por hombres armados que realizaron una toma violenta de predios dedicados a la siembra de soya.
Jorge Gutiérrez del periódico El Deber, Silvia Gómez y Sergio Martínez de la red televisiva Unitel, Mauricio Egüez y Nicolás García del canal Red Uno, y Percy Suárez de la red televisiva ATB, recibieron puñetes, patadas, golpes con palos, también la destrucción de algunos de sus equipos y fueron amenazados de muerte e incluso con ser quemados vivos.
Tras siete horas, fueron liberados y se les devolvió su equipo de trabajo y teléfonos celulares, aunque dos cámaras estaban inutilizadas con disparos de bala.
Róger Ticona, camarógrafo del canal PAT, pudo eludir el cerco, pero en el intento recibió disparos de bala, que se repitieron cuando la avioneta que lo transportó de vuelta a Santa Cruz hizo un sobrevuelo en la zona de conflicto.
Un día después de ser liberados, los comunicadores se reportaron en sus medios de prensa sin mayores complicaciones de salud, salvo Percy Suárez de ATB, golpeado en la cabeza con la culata de un arma de fuego, quien reportó sufrir dolores de oído.
Entre los policías hay un herido que fue hospitalizado con fractura de costillas, en tanto que se aguarda el informe sobre los trabajadores de Las Londras que también fueron secuestrados.
El Fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, afirmó que se ha conformado una comisión de cuatro fiscales para investigar el ataque armado y el primer paso es tomar declaraciones a las víctimas y testigos del hecho.
Los periodistas coincidieron en señalar que los perpetradores afirmaron ser habitantes de las zonas de San Julián y Guarayos, e incluso los obligaron a vitorear en varias ocasiones los nombres de esas dos poblaciones, y citaban con insistencia a la ‘Única’, como se denomina coloquialmente a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTCSC), que es muy activa en la región donde tuvieron lugar los incidentes.
La Cámara de Senadores de Bolivia, dominada por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó el mes pasado una Declaración Camaral para rendir reconocimiento a la FSUTCSC, en conmemoración a sus 41 años de vida sindical “y por su constante y esforzado trabajo por el desarrollo productivo del departamento de Santa Cruz y del Estado Plurinacional de Bolivia”.
La FSUTCSC fue creada en 1980 por los campesinos organizados de las provincias Andrés Ibáñez, Cordillera, Florida, Manuel María Caballero y Vallegrande de Santa Cruz, luego se extendió a las provincias German Busch, Guarayos, Ichilo, Obispo Santisteban y Sara, con el objetivo de reivindicar el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales para sus afiliados. 31/10/21